En medio de la pelea por el 15% de los fondos de la Anses al que las provincias renunciaron mediante el pacto fiscal firmado en 1992, el gobernador Daniel Scioli afirmó hoy que “la coparticipación se tendrá que volver a discutir”.

Sus declaraciones parecen tibias al lado de la guerra que el cordobés De la Sota le declaró a Cristina. El gobernador protagonizó la semana pasada duros cruces con el kirchnerismo luego de la primer Audiencia ante la Corte por los 1.040 millones que se le adeudan en concepto del financiamiento que debe hacer la Nación para cubrir el déficit de la caja previsional provincial.

De la Sota no fue el primero en ir a la Justicia por el reclamo de los fondos de la Anses coparticipables, que el gobierno le niega a ciertas provincias desde el año pasado. Antes lo hizo Antonio

Es que actualmente los porcentajes que reciben las provincias datan de estudios realizados en 1985, con lo cual quedaron completamente desactualizados. Con la reforma constitucional de 1994, se pactó un plazo máximo de dos años para volver a recalcular esas proporciones, algo que hasta el momento nunca sucedió a pesar de que ya transcurrieron 16 años desde 1996.

Según un informe de Idesa, esta situación implica que actualmente sólo $1 de cada $4 recaudados por el gobierno se transfieren a las provincias automáticamente. En los noventa, esa proporción era de 1 a 3.

El estudio calcula que entre 1994 y 2001 los recursos que se transmiten automáticamente fueron en promedio del 32% de la recaudación total. Entre el 2002 y el 2008, ese porcentaje cayó a un 27,5%. Desde el 2009 a la fecha, a pesar de la creación del Fondo de la Soja, la proporción vuelve a caer a un 26,1%.

Desde Idesa advierten que “el mandato constitucional de 1994 se apoyaba en que, en esa época, se estaba en la etapa final de la transferencia de los principales servicios públicos a las provincias. Es claro que la transferencia de la educación y la salud pública, las inversiones de vivienda e infraestructura urbana, exigían rediscutir la distribución de los impuestos nacionales”.

Los efectos de esta combinación terminaron derivando en un ajuste, a pesar de que estaba disfrazado como un mayor federalismo, porque “deteriora la calidad de los servicios públicos esenciales”. Un camino que el gobierno parece estar queriendo imitar al dejar a la deriva a las provincias con mayor fragilidad fiscal.