La rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, afirmó que el Código de Faltas de la Provincia es “inconstitucional” y se expresó por su derogación, al afirmar que “no se puede imaginar un régimen más antidemocrático que el que rige en Córdoba” para sancionar faltas e infracciones. Scotto hizo estas apreciaciones al participar del lanzamiento local de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, que brega por una “seguridad democrática” y que es organizada por organizaciones kirchneristas como Movimiento Evita, La Jauretche, La Cámpora, Centro Miguel Mozé, La Puigross, y organismos de DD.HH. como Hijos.

Además de la rectora, en la presentación estuvieron los diputados nacionales Leonardo Grosso y Horacio Pietragalla (Frente para la Victoria) y Viviana Alegre, madre del joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido hace siete meses en la ciudad de Córdoba. El periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuya presencia estaba prevista, no asistió pero envió una adhesión.

Scotto, cuyo nombre suena para ocupar un lugar expectable en la lista de candidatos a diputados K en las elecciones del año próximo, citó una investigación de Horacio Etchichury, profesor de la Facultad de Derecho de la UNC, que establece que en el año 2010 la Policía provincial detuvo a 37.900 ciudadanos sólo en la ciudad de Córdoba. Haciendo una proyección, la cifra indica que a nivel provincial las detenciones fueron 76 mil en ese mismo año. “Esto significa un arresto cada siete minutos”, ponderó Scotto, quien recalcó que la mitad de las detenciones fueron por aplicación del Código de Faltas, y recayeron sobre “jóvenes pobres”, a los que la Policía aplica la cuestionada y ambigua figura del “merodeo”.

Desde hace años, diversas organizaciones de Derechos Humanos vienen reclamando al Gobierno provincial la derogación del Código de Faltas, que con la figura del “merodeo” da lugar de centeneras de detenciones arbitrarias o ilegales, generalmente de jóvenes varones de barrios pobres, a los que la Policía suele detener sin causa, sólo por “portación de rostro”. También se comprobó que algunos comisarios exigen a los agentes que patrullan las calles un determinado número de detenidos diarios, con el objetivo de engrosar las «estadísticas» de seguridad. Este procedimiento, además de criminalizar al joven pobre, les acarrea serios problemas para desplazarse de los barrios al Centro. En este momento, hay en Legislatura proyectos de reforma del Código, pero el oficialismo no ha mostrado voluntad política de avanzar en ese sentido.

La titular de la casa de altos estudios recalcó también que la universidad nacional y otras organizaciones de la sociedad civil “deben participar en la formación de cuadros en seguridad ciudadana”, al considerar que “la seguridad es materia de todos”. “Tenemos que involucrarnos con los temas de seguridad, no desentendernos. No dejar el tema en manos de los mismos de siempre, de una Policía que confunde disuasión con represión”, enfatizó.

Por su parte, el diputado Grosso convocó a que la seguridad democrática sea parte del “pacto social” de la Nación Argentina, “así como la Justicia en términos de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad ya forma parte de nuestro pacto social”. “Tenemos que construir un entramado de organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, culturales, que nos permitan articular en el barrio, en la escuela, en todos los ámbitos, el control social sobre las fuerzas de seguridad. Hay que instalar el tema articular una demanda de seguridad pero democrática”, destacó el legislador.