El Jefe comunal sembró un manto de duda en torno a las motivaciones de la presentación judicial del Ejecutivo fueguino, al señalar que “sería lamentable que nos enteráramos mañana de que esta situación, teóricamente el Gobierno de la Provincia la conoce desde hace varios años”. Al final de la exposición de todos los participantes se firmó un documento formalizando el planteo.

El intendente de Ushuaia, Federico Sciurano, encabezó el pronunciamiento conjunto contra la quita del 25 por ciento de coparticipación planteada por el Gobierno provincial, en un acto del que participaron seis concejales (no estuvo el edil del PSO Silvio Bocchicchio), los dirigentes de todas las entidades gremiales con injerencia en el ámbito municipal, el sindicato de Camioneros, representantes del sector de No Agremiados, y empleados de la Administración Comunal.

El Mandatario capitalino consideró que “necesitamos recuperar la brújula del sentido común” porque “lamentablemente, lo hemos perdido en esta discusión”, y opinó que “es tan ridículo lo que estamos discutiendo, que es como que el día de mañana la persona que los tiene contratados los llame y les diga que en los últimos 30 años les liquidaron mal el sueldo y que, por ello, no solamente van a cobrar menos sino que además van a tener que pagar la deuda que les generó esa mala liquidación”.

“Francamente, escuchar el argumento de que hoy la Municipalidad de Ushuaia puede deber cientos de millones de pesos agrede la capacidad de análisis que podemos tener cualquiera de los que tenemos la responsabilidad de representar a los ciudadanos”, expresó Sciurano, quien anotó que “si uno toma lo que estábamos discutiendo hasta hace muy pocos meses atrás, cuando veíamos la manera en que las municipalidades pudieran cobrar lo que se les debía, en algún punto tenemos que reconocer que la estrategia planteada por el gobierno en términos políticos ha dado algún resultado”.

El jefe comunal observó que “hoy parece que ya no es tan importante los más de 40 millones de pesos que le deben a la Municipalidad de Ushuaia, sino poder contar con la clemencia de que no nos quieran descontar, por lo menos, el 25 por ciento; porque si efectivamente lo que el gobierno plantea es la realidad de los hechos, hay que decir que esta famosa ley de la que ahora todos hablamos no dice cuánto es lo máximo que nos pueden descontar sino que teóricamente dice ‘por lo menos el 25%’”.

“Si el día de mañana a quien administre la Provincia se le ocurriera que sea el 40%, ya no estaríamos discutiendo sobre 90 millones de pesos, sino sobre 150 millones de pesos; o lo que le pueda faltar a la Administración para resolver sus problemas”, advirtió.

El Intendente de Ushuaia ubicó la importancia del pronunciamiento conjunto en el hecho de que “tenemos la capacidad de demostrar que estamos en condiciones de superar, ante una crisis de tamaña magnitud, cualquier diferencia partidaria o ideológica que podamos tener para que la Municipalidad pueda mantener el espíritu y el perfil de todos estos años y responder a la demanda de la comunidad”.

El impacto de un fallo adverso

El titular del ejecutivo capitalino advirtió que un fallo adverso “va a ir mucho más allá de la Municipalidad, porque en los últimos 4 años se invirtieron 110 millones de pesos en todas las nuevas urbanizaciones que posibilitarán que más de 3300 familias tengan donde vivir”, agregando que “el mantenimiento de las calles en invierno nos cuenta 4 millones de pesos; las actividades deportivas se desarrollan en una estructura que implica una inversión de 33 millones de pesos; el polideportivo de Andorra que estamos construyendo tiene una inversión de 20 millones de pesos; el plan de asfalto que está previsto desarrollarse año tras año cuesta 25 millones de pesos”.

“Tomemos dimensión de lo que significa sacarle a una ciudad como la nuestra 90 millones de pesos”, exhortó, para manifestar luego que “nuestra voz tiene que hacerse escuchar claramente, para que las cuestiones políticas se resuelvan en los ámbitos políticos; porque para esto la Provincia tiene la suficiente fuerza institucional”.

Motivaciones en duda

Sciurano sembró un manto de duda en torno a las motivaciones de la presentación judicial del ejecutivo fueguino, al señalar que “sería lamentable que nos enteráramos mañana de que esta situación, teóricamente el gobierno de la provincia la conoce desde hace varios años”.

“Sería lamentable que el día de mañana alguien pudiera demostrar que esto que hoy se envía al Superior Tribunal de Justicia, porque no se sabe cómo interpretar lo que dice la ley, el Gobierno de la Provincia lo tiene guardado hace varios años, en un informe preparado hace por lo menos más de dos años y medio”, reiteró, “porque en primera instancia habría un grupo muy importante de funcionarios que habrían faltado a la responsabilidad que tienen como tales”.

Conjeturó que “se ha decidido empezar a hablar de esto hoy porque, o bien hay una situación económica que no se quiere reconocer, o que se haya especulado con el conocimiento de esta ley y se hay decidido guardarlo para esperar el resultado de las elecciones municipales en Río Grande”, en clara alusión a que uno de los candidatos a Intendente fue el ex concejal Gustavo Longhi, del PSP.

Observó que “sería muy importante que si efectivamente hay una situación económica complicada, reconocer esa situación en la legislatura Provincia, para que el Parlamento con las herramientas que tiene tome cartas en el asunto, y resolver el problema de fondo, sin agredir a otras instituciones de la Provincia, como en este caso son los municipios”.

“Estoy convencido de que los legisladores tienen un rol fundamental y primordial en todo lo que tenga que ver con la vida pública de la Provincia”, manifestó.

El documento firmado por las partes

Las autoridades de la Municipalidad de Ushuaia, los señores concejales de los diferentes bloques políticos del Concejo Deliberante y los gremios con actuación en el ámbito municipal abajo firmantes, se dirigen a la ciudadanía de Ushuaia y de la Provincia expresado que ante los hechos de público conocimiento referente a la iniciativa política del Gobierno Provincial de detracción de los recursos que por coparticipación les corresponden a los municipios, en este pedido de declaración de certeza, nos vemos en la responsabilidad y en la obligación de manifestar que dicha acción violenta la autonomía municipal consagrada en la Carta Orgánica y en la Constitución Provincial, poniendo en riesgo la potestad institucional, política, administrativa, económica y financiera, de los municipios de Ushuaia, Río Grande y la Comuna de Tolhuin, que como instituciones independientes y autónomas consagradas por la Constitución Provincial, categóricamente declaramos que no aceptamos ningún tipo de recortes que unilateralmente el Gobierno de la Provincia a decretado, de los recursos que legítimamente les corresponde a los municipios.

Ponemos de manifiesto que nuestro deber inexcusable e irrenunciable es el de defender y llevar adelante todas las acciones necesarias para preservar la autonomía municipal porque de ello depende el futuro de nuestra comunidad.