La ubre sobre la que todavía se puede sacar algo de líquido es arisca y esquiva. Sabe que de su seno debe salir una cantidad del alimento capaz de saciar, en parte (nunca del todo), la sed de las arcas provinciales, pero reniega de colaborar con un reparto que exceda los límites de su corral o, mejor dicho, de su provincia.

Pero la orden de la jefa suprema es que el capataz político bonaerense no sólo eche recursos a su tarro, sino que también habilite el caudal hacia arriba. El revalúo inmobiliario que hace berrear al sector agropecuario es una decisión nacional que debe llevarse a cabo desde las provincias, aun cuando el avance sobre el tema tenga para los gobernadores mayor costo político que beneficio para el erario público propio.

La demora en la Legislatura sobre la modificación de la ley Impositiva, con tres postergaciones en la Cámara de Diputados por falta de consenso, excede largamente la problemática económica, y desnuda, una vez más, la crisis política en el interior del oficialismo. En este contexto, y con la ley que establece el revalúo de los campos trabada, desde la Casa Rosada buscan aprovechar para obligar a Daniel Scioli a confrontar con un sector que ni en los peores momentos cargó contra el mandatario provincial, como sí lo hizo con los funcionarios nacionales e incluso con algunos intendentes.

En la ley Impositiva votada en diciembre de 2011 ahora encontraron los kirchneristas poco amigos de Scioli el resquicio para fastidiar al gobierno provincial. Es que en esa normativa, elaborada por el Ejecutivo, quedó explícita la trampa en la que el propio oficialismo cayó. La ley modificó otra norma (el artículo 59 de la ley 10.707, de Catastro Territorial) entregándole al Gobernador la facultad de establecer el revalúo por decreto.

El sciolismo aduce que la misma ley pone límites a esa facultad en el artículo 60, donde indica que “el Poder Ejecutivo constituirá dos (2) Comisiones Asesoras por cada Partido. Una de ellas, para la consideración de la valuación de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y la de los edificios. La otra, para la consideración de la valuación de la tierra rural y subrural libre de mejoras, la de las mejoras rurales y la de las plantaciones”. Si estas comisiones no llegaran a acordar, el Ejecutivo mantiene la facultad de llevar adelante el proceso.

Scioli puede hacer el revalúo; el problema es que sería de imposible aplicación con

las bases imponibles y la tasa vigente. El impacto desataría aún más la ira agraria y, en muchos casos, haría imposible de pagar el impuesto. Entonces, indefectiblemente, se necesita un acuerdo con la Legislatura para establecer las nuevas alícuotas.

Financieramente acuciada, la Provincia necesita la herramienta, pero más requiere el auxilio del Gobierno nacional para poder cubrir los gastos corrientes. De otro modo, el desdoblamiento de sueldos y el pago en bonos a todos los proveedores será inminente.

“El problema está fuera de la escala provincial, no hay medida en condiciones de equilibrar las cuentas de la Provincia; entonces, sí o sí, se requiere respaldo de Nación”, se reconoce en todos los ámbitos. No es sólo un problema de Buenos Aires, pero es Buenos Aires la que marca el pulso del país.

“Pedir respaldo requiere que uno agote todo lo que está a su alcance para sumar recursos”. En el interior del gobierno bonaerense se reconoce que “ésta es una ley señal”, y que con ella la Provincia da un mensaje a Nación de rascar hasta en el fondo del tarro, aunque será imprescindible el auxilio del dinero dispuesto desde la Casa Rosada.

Hay incertidumbre, incluso no están cerradas todas las negociaciones salariales (los judiciales, por caso, siguen en conflicto), y a este ritmo, en menos que canta un gallo los gremios que acordaron en marzo comenzarían a presionar de nuevo por una readecuación. De plano descartan en la Provincia un nuevo aumento antes de fin de año. Las dificultades económicas presentes le dan la razón. Si apenas pueden afrontar lo ya comprometido, mucho menos están en condiciones de aceptar una nueva negociación. Pero es de manual que la puja se dará antes de fin de año y que, como siempre, empezará por los docentes.

Desde hace décadas, los impuestos bonaerenses se adecuan con diferentes lógicas, se emparcha sobre lo realizado y cada retoque presume conflictos. Alguna vez se planteó una gran reforma tributaria, pero quedó en el camino. Fue cuando se salía despacio de la crisis de 2001. “En la Provincia y en la ciudad de Buenos Aires los revalúos ponen nerviosos a los contribuyentes, y siempre es muy difícil”, se reconoce en círculos económicos.