Scioli dijo que analiza estatizar el servicio, pero prefirió aclarar que primero "hay que esperar a que terminen los contratos". Sus palabras ocurren casualmente a los pocos días de haber anulado por decreto la licitación para controlar ese negocio que prácticamente estaba hecha a la medida de Cristóbal.

Según las estimaciones que hacen en el sciolismo, bien gestionado, la recuperación de este negocio podría dejarle las arvas provinciales cerca de 360 millones de pesos anuales. Nada despreciable, en medio del ajuste que pretenden aplicar para equilibrar sus cuentas y dejar de depender de los envíos de la Casa Rosada.

Existe una serie de obstáculos que deberían sortear para cumplir con ese objetivo. El Gobierno de la Provincia todavía le debe a Boldt unos 130 millones de pesos, y por el momento intenta saldar esa deuda ofreciendo bonos. Para presionar a la compañía, según pudo saber LPO, ya envío tres fiscalizaciones integrales de ARBA.

Otros son menos optimistas y ponen la lupa sobre las dificultades que implicaría controlar correctamente las más de 4500 agencias de lotería. Explican que sólo para adquirir el hardware -terminales, comunicaciones y enlaces-, que pertenecen a Boldt, tendrían que desembolsar más de 250 millones de pesos. La máxima aspiración es quedarse con esas máquinas.

Pero a esos gastos habría que sumarle finalmente el desarrollo de un software, lo que quedaría en manos del titular del Grupo Banco Provincia, Santiago Montoya. En suma, se debería desplegar una ingeniería política y financiera que aún están estudiando. Eso explica la cautela del gobernador, que muestra sus intenciones pero no las confirma.

Las palabras de Scioli, constituyen, sobre todo, un mensaje para varios destinatarios. Mientras que a la Casa Rosada les concede la posibilidad de golpear a un enemigo -a Boldt le adjudican las causas contra Boudou por su vinculación con Ciccone-, a Cristóbal López le demuestra que no fue el único perjudicado con la decisión de suspender la licitación.

Pero acaso representen una jugada de distracción, puesto que pone sobre le centro de la arena político la discusión sobre el control online del juego y corre de escena los posibles cuestionamientos del bloque kirchnerista en la Legislatura por la renovación de las licencias a los bingos.