El gobierno bonaerense envió a la Legislatura un proyecto que crea la figura de Policía Judicial, institución que está contemplada en la Constitución provincial pero que nunca se implementó y que se dedicará exclusivamente a la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas en delitos complejos.
La Policía Judicial estará compuesta por especialistas en criminalística, en investigación tecnológica, escena del crimen, levantamiento de rastros, médicos forenses, abogados, químicos forenses, contadores, psicólogos, entre otros.
La institución tendrá competencia en la investigación de delitos complejos, bandas organizadas, homicidios dolosos o delitos cometidos por funcionarios públicos o miembros de las fuerzas de seguridad.
Entre las funciones que llevará a cabo la Policía Judicial se destacan la "búsqueda, recopilación, análisis y estudio de elementos de prueba, así como la asistencia técnica y científica para la investigación", mientras que no realizarán trámites administrativos ni despacho de causas judiciales.
Además, auxiliará en forma directa al Ministerio Público Fiscal, con guardias las 24 horas y sus atribuciones incluirán el cuidado de los rastros materiales que hubiese dejado el delito hasta que llegue el fiscal interviniente; interrogar a los testigos; informar al imputado y a la víctima los derechos constitucionales; solicitar a los fiscales la asistencia de la Policía o el cese de la intervención de esa fuerza cuando pudiera entorpecer la tarea de la Policía Judicial.
La institución dependerá jerárquicamente de la Procuración General de Suprema Corte de Justicia bonaerense y será de "naturaleza civil", con relaciones de cooperación con las Policías del Poder Ejecutivo, sin que esto implique "dependencia funcional ni subordinación operativa".
Para el ingreso se creará la carrera de la Policía Judicial y los aspirantes deberán sortear un curso de formación básica.
La selección de personal será por concursos públicos y abiertos, y habrá un Instituto de Capacitación y Formación para la especialización y profesionalización de sus miembros.
La estructura interna se integrará con un Director General, que dirigirá la institución junto a un Subdirector General - ambos durarán en el cargo seis años sin posibilidad de renovación- tres Secretarios ("Técnico-Científico", "Investigación-Instrucción" y "Formación-Capacitación") y Subsecretarios descentralizados.
Finalmente, el proyecto impulsado por el gobierno provincial señala que cada cinco años la Procuración General de la Corte "generará un programa de gestión estratégico" y anualmente presentará ante el Poder Legislativo un informe de gestión con los logros, obstáculos y medidas adoptadas para superarlos
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