La lógica que impera en estos tiempos de escasez es que el ajuste lo debe pagar el otro. Lo tuvo más que claro la presidenta de la Nación cuando le ordenó al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que girara a la provincia de Buenos Aires apenas 1000 de los 2800 millones de pesos reclamados por Scioli para afrontar el pago de sueldos públicos. La jefa del Estado les dio a entender a sus colaboradores que no está dispuesta a seguir financiando a un dirigente que viene pagando menos costos que ella en las encuestas de opinión pública y que no ha ocultado sus aspiraciones presidenciales.

La reducción del envío de recursos de la Nación a la provincia fue acompañada por otra estocada presidencial: "Hay que gestionar y administrar como lo hago yo todos los días y como lo hizo Néstor todos los días de su vida", fue el misil de Cristina Kirchner hacia el gobernador, seguido por otras críticas de funcionarios del gobierno nacional a la gestión sciolista, incluido el cuestionado vicepresidente Boudou.

Entretanto, se deja trascender desde el kirchnerismo que es intención de la Presidenta mirar con lupa la manera en que Scioli administre de ahora en más los fondos públicos. Buscaría condenarlo a que se comportara como su empleado. "¿Por qué no gasta menos plata en publicidad oficial?", se preguntan voceros de la Casa Rosada, como si esa práctica con la que muchas veces se pretende desde el poder político comprar el favor de algunos medios de comunicación debiera ser exclusiva del gobierno nacional.

La administración kirchnerista busca dañar a todo aquel que mida mejor que la Presidenta en las encuestas. Y lo cierto es que, según todos los sondeos de opinión pública disponibles, Scioli supera a Cristina Kirchner en el diferencial entre imagen positiva y negativa. Esto es así porque la imagen positiva presidencial cayó más que la del gobernador bonaerense en los últimos meses, al tiempo que la percepción negativa de la primera mandataria se incrementó más que la del ex motonauta. Según Management & Fit, en la última semana, antes del frustrado pago del aguinaldo , Scioli cosechaba una evaluación positiva del 44,8 por ciento y una negativa del 13,4%, en tanto que la Presidenta tenía una favorable del 38,1% y una desfavorable del 34,2%. La encuestadora de Julio Aurelio coincide en que el diferencial entre imagen positiva y negativa favorece a Scioli.

El gobierno nacional no le perdonará a Scioli que haya anunciado sus aspiraciones a suceder a Cristina Kirchner ni que tenga mejor imagen pública que ella. Pero tal tesitura sería aplicable a cualquier gobernador que pueda alterar el statu quo kirchnerista, en función del cual nadie debería poder opinar sobre la sucesión presidencial y sus reglas hasta que la primera mandataria habilite una eventual competencia. Algo utópico, claro está, ya que en la Casa Rosada sólo se barajan dos alternativas: que el dedo de Cristina imponga a su sucesor o -lo menos probable- que una reforma constitucional permita una nueva reelección de la Presidenta.

Frente al reclamo de algunos dirigentes a Scioli para que "se ponga los pantalones largos", hombres que conocen al gobernador admiten que nadie puede esperar que se plante en la puerta de la quinta presidencial de Olivos ni que vaya a estar dispuesto a cambiar un estilo conciliador que hasta hoy le ha dado buenos frutos. Lo único que cabría esperar de Scioli en esta etapa son más mensajes como el que lanzó tras conocerse la limitada ayuda del Estado nacional: "Tenemos que cuidar entre todos a la provincia". Una manera de transmitirle al gobierno kirchnerista que un conflicto en Buenos Aires arrastraría también a Cristina.

El mandatario cordobés, José Manuel de la Sota, es otro de los damnificados por la discrecionalidad cristinista. Su provincia reclama una deuda previsional de la Nación de 1039 millones de pesos correspondiente al año pasado, más unos 500 millones de este año y otra deuda derivada de fondos nacionales para obras de vialidad por algo más de 400 millones. Un total de aproximadamente 2000 millones de pesos. Según fuentes de la gobernación, el Estado nacional iba a girarle el año último una partida de 311 millones de pesos, que fue suspendida tras declaraciones del entonces gobernador Juan Schiaretti que habrían irritado a la Casa Rosada. De la Sota ofreció al gobierno nacional que se libere aquella partida y se le gestione un crédito del Banco Nación, de cuyos intereses se haría cargo la provincia y cuyo capital se cancelaría cuando el Tesoro nacional girara los fondos adeudados. La respuesta de la Nación fue hasta ahora negativa .

La tensión por la crisis del modelo económico no cede. La última semana fue la más dramática de toda la gestión cristinista, fuera de los convulsionados meses del conflicto con el campo, en 2008. A las suspensiones de personal en la industria automotriz, se sumaron despidos y amenazas de cierres de empresas en el sector olivícola, la fuerte caída en la construcción y el cierre del principal frigorífico de La Pampa. Y, por si fuera poco, los ecos de la inaudita y violenta toma del yacimiento chubutense de Cerro Dragón.

Pese a todo eso, los funcionarios cristinistas respiraron con alivio tras el acto de Hugo Moyano en la Plaza de Mayo. Como cabía esperar, el titular de la CGT ratificó su capacidad de movilización, pero se vio una plaza mayoritariamente camionera, que no sumó suficientes adhesiones independientes como para producir un cambio político cualitativo. Si alguien esperaba que el acto de Moyano pudiera tener un impacto parecido al que, en 1975, tuvo la manifestación sindical que echó del gobierno de Isabel Perón al ministro José López Rega, se equivocó de cabo a rabo.

Moyano deberá conformarse por ahora con aspirar a liderar una de las centrales obreras en las que quedará dividido el sindicalismo, antes que pensar en afianzarse como un líder político. No obstante, su potencial poder crecería si se profundizara un escenario de vacas flacas.

Los logros concretos del moyanismo por ahora son nulos. Golpear y negociar ha sido tradicionalmente la táctica que el sindicalismo lleva en su sangre. Néstor Kirchner solía tensar las relaciones al máximo, aunque finalmente negociaba. Pero Cristina, al menos en estos tiempos, no parece estar dispuesta a conjugar el verbo negociar.

La cerrada negativa oficial a considerar la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los asalariados es un ejemplo. Un trabajo del diputado Claudio Lozano demuestra que durante el gobierno de Cristina, por el retraso real del mínimo no imponible, los aumentos salariales no impidieron una caída real del poder adquisitivo del 8,5% para los trabajadores solteros y del 7,5% para los casados.

El problema del Gobierno no es Moyano, es la economía. El conflicto social y político indefectiblemente se profundizará si el crecimiento económico se acerca a cero este año y, al mismo tiempo, tenemos niveles inflacionarios cercanos al 25%. Del mismo modo, crecerá la furia ciudadana en la medida en que empresarios y personas comunes, corrientes y honradas sigan sin tener otra alternativa que consagrar su tiempo a sobrevivir en medio de decisiones cada vez más intervencionistas de un gobierno que, desesperado por la caja, pretende controlarlo todo.