LA PLATA.- El gobernador bonaerense Daniel Scioli accedió al planteo formulado desde la Casa Rosada y se dispone a firmar un decreto para establecer, por esa vía, el controvertido revalúo inmobiliario para las propiedades rurales a cambio de fondos para aliviar la delicada situación fiscal de la provincia.

La decisión -que, si nada cambia, se concretaría el lunes - fue confiada a LA NACION por dos altos funcionarios del gobierno provincial y confirmada por varias fuentes en la Legislatura, donde el oficialismo se apresta a formalizar la convocatoria para sesionar la semana próxima. Intentará, entonces, aprobar la reforma fiscal que contempla, además de los polémicos cambios en el impuesto inmobiliario rural, subas en ingresos brutos y sellos, y un permiso para la emisión de Letras del Tesoro por $ 2200 millones.

Así, el proyecto que tratará la Legislatura será reformulado y se alterará el contenido del artículo 2, vinculado con la revaluación de los campos de la provincia. La iniciativa sí introducirá la base imponible y las nuevas alícuotas que sirven para establecer el monto por tributar y que, según el gobierno, redundarán en un incremento promedio de alrededor de un 40%, alrededor de $ 76 por hectárea de campo.

La opción del decreto congeló las negociaciones que había iniciado el oficialismo con el bloque del Frente Amplio Progresista (FAP) y que encaminaban la salida hacia la aplicación de un revalúo escalonado. La propuesta de avanzar con un decreto había quedado explicitada mientras el gobierno bonaerense buscaba consenso para conseguir la aprobación legislativa del paquete. Fue el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, quien sugirió esa vía en público.

Lorenzino expuso la propuesta pergeñada en la Casa Rosada que combinaba la necesidad fiscal con un objetivo político implícito: forzar a Scioli a realizar una prueba de lealtad al modelo conducido por la presidenta Cristina Kirchner. No era cualquier demostración, sino que obligaba al gobernador a enfrentarse con un sector con el que -aun durante la dura puja de 2008- había mantenido el diálogo.

"Scioli se tiene que definir y acá tiene una oportunidad. Si ahora aprueba el revalúo por decreto le perdonamos sus aspiraciones presidenciales", dijo ante LA NACION uno de los más encumbrados representantes del cristinismo en la provincia, sin que el tono de broma disipara su total convencimiento respecto del planteo.

Cerca del mandatario provincial reconocieron que durante una reunión realizada esta semana entre varios funcionarios de la provincia y Lorenzino se acordó acceder a firmar el decreto a cambio de recibir como compensación una liberación de fondos extras para intentar evitar un inminente desdoblamiento de salarios a los empleados públicos. Sería para cumplir con el próximo mes y con el aguinaldo.

Para favorecer el acuerdo, Scioli instruyó a sus colaboradores para que manifestaran "la voluntad de introducir todas las modificaciones que sean necesarias al proyecto sin tocar lo sustancial", revelaron voceros de la gobernación. Paralelamente, Scioli y sus colaboradores pidieron garantías a las autoridades legislativas de que el proyecto del Ejecutivo termine, lo antes posible, convertido en ley.

Un recorrido por las bancadas de la oposición permite vislumbrar que este escenario podría abrir la posibilidad de alcanzar el quórum, más allá de que se mantenga el rechazo a la iniciativa. "El decreto era la única vía y a nosotros nos facilita las cosas", reconoció un referente legislativo de la UCR.

La intención oficial es dejar las alícuotas y la base imponible tal como están, mientras que se niega a realizar cambios al esquema de aumentos a los ingresos brutos que implicaría resignar una importante suma de dinero. Sí hay chances de eliminar el artículo que imponía a las cooperativas -hasta ahora exentas- el 70 por ciento del impuesto sobre los ingresos brutos.

$ 11.000 millones

Sería, como mínimo, el rojo fiscal de la provincia de Buenos Aires cuando termine el año, según cálculos del propio oficialismo.