“Aparecieron departamentos y autos que las Madres ni siquiera sabían que existían y también desaparecieron activos que ellas creían que eran propios y en realidad estaban a nombre de los hermanos Schoklender, como ocurrió con la imprenta", detallaron al diario La Nación colaboradores de la titular de las Madres, Hebe de Bonafini.

El "relevamiento" interno se complementará, en la práctica, con el análisis que inició la Auditoría General de la Nación (AGN). Además de recibir documentación de las Madres, pidió informes a la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Planificación Federal y de Desarrollo Social, y otras reparticiones.

Los técnicos de la AGN buscarán verificar por qué fallaron los controles, pero antes responder una pregunta más básica: cuánto dinero circuló -y se desvió- a través de la fundación y de la Misión Sueños Compartidos, cuya página de Internet aparece caída. ¿Fueron $ 765 millones como informó el Gobierno? ¿Trepó en realidad a $ 1200 millones como afirmó que se "convenió" [sic] el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala? ¿O involucró una partida global de $ 2500 millones?

La Auditoría -que podría tener el primer resultado en dos meses- buscará esclarecer la ruta del dinero. Es decir, qué pasó con los fondos que recibió la fundación, si se aplicaron a construir viviendas y hospitales o si fueron desviados a los bolsillos de los acusados, entre ellos los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.

Una hipótesis se centra en que así como ya se detectó el desvío de cheques por $ 4,2 millones que salieron de la tesorería de las Madres y terminaron en las cuentas de empresas relacionadas con Schoklender, también podría haber otros fondos a los que se le dio un destino ilícito.

Desde el organismo que preside Leandro Despouy aclararon, en tanto, que "no es posible fijar plazos precisos para completar la auditoría". Eso se debe a la complejidad del caso, pero también, al secreto de sumario dispuesto por el juez federal Norberto Oyarbide que resguarda la documentación, y su colega, Marcelo Martínez de Giorgi. "Quizá podamos presentar un primer informe de avance en dos meses", estimaron.

El informe de la AGN deberá abordar, por lo pronto, a la Asociación que lidera Bonafini y a la fundación bajo cuya órbita y con el nombre Misión Sueños Compartidos gestionó la construcción de las viviendas sociales, así como a la Asociación Rebeldía y Esperanza, la constructora en la que Bonafini también figura como presidenta.