Más allá del planteo de no participar de la COTEP si lo hace ATE “en igualdad de condiciones” que la UPCN, ya que sería considerar a un mismo nivel un gremio minoritario que otro mayoritario, el dirigente sindical tuvo ayer en la reunión constitutiva de ese ámbito creado por la llamada ley de disponibilidad expresiones duras sobre la relación que está planteando el gobierno con los trabajadores de su sector.

Reiteró que esa norma es inconstitucional, que es discriminatoria, al dejar afuera a otros sectores estatales, y, entre otros, cuestionó que se siga adelante con la baja de contratos.

Pero además presentó un documento al mandatario provincial que establece claramente varias reservas a la participación del gremio en la COTEP y alerta sobre la eventual violación de derechos laborales que estaría llevando adelante el gobierno.

Precisamente le recuerda al gobierno que los derechos que emanan de la dignidad de la persona humana son protegidos por La Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional incorporados en la Reforma de 1994 y la Constitución Provincial.

Menciona en este marco la igualdad ante la Ley y derecho a igual protección de la Ley; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; idoneidad y eficiencia como condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos; iIgualdad de posibilidades eliminando obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos; prohibición de cualquier tipo de discriminación política; derecho a la libertad de opinión y de expresión; derecho a participar en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país; compromiso de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de las personas, y derecho a interponer un recurso efectivo cuando sus derechos o libertades hayan sido violados aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.

Con la firma de Juan Carlos Scalesi, el documento ratifica que la UPCN participará de la COTEP si el objetivo “es reorganizar la administración pública para que sus servicios sean más eficientes, analizar la situación de empleados cuyo desempeño no esté enmarcado en las normas éticas, así como la existencia de agentes que no concurrían a su lugar de trabajo (vulgarmente llamados ñoquis)”.

Hay que recordar que el gobernador Alberto Weretilneck en la reunión de ayer ratificó en términos generales que esos son los objetivos y que no se trata de un ajuste o un achique al estilo de los ’90.

No obstante, la UPCN ratificó que: “Si en cambio, el trabajo de la Co.TEP, bajo la simulación de una reestructuración organizativa (Cap. II Ley 3052), está destinada a encubrir una decisión política de persecución por raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; que sirva para facilitar atropellos o decisiones arbitrarias de algún funcionario, no participaremos y rechazaremos lo dispuesto por la misma”.

Recordó al final que, a juicio del gremio, la Ley de disponibilidad para los agentes de la Administración Pública viola los derechos contemplados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional incorporados en la Reforma de 1994, la Constitución Provincial y las Leyes Provinciales 3487, 3052 modificada por la Ley 4037. (APP)