La decisión del Gobierno Provincial de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para destrabar el conflicto por el Decreto Presidencial 699 y lograr su puesta en vigencia obtuvo un fuerte respaldo de parte de la Unión de Industrias Riojanas (UNIR).

La cámara empresaria avaló la decisión del Ejecutivo Provincial de presentarse ante la Corte Suprema para intentar que el Decreto 699 entre en vigencia y conseguir así la aplicación de la prórroga al régimen de Promoción Industrial en la provincia.

En diálogo con NUEVA RIOJA, el presidente de UNIR, José Brizuela expresó la satisfacción del sector empresario ante esta nueva estrategia que ahora impulsa la Provincia. "Está perfecto que se recurra a la Corte Suprema. Esta acción forma parte de una estrategia que está pensada desde hace tiempo y que consiste en atacar en todos los frentes posibles para lograr la prórroga de la Promoción Industrial", afirmó Brizuela.

El empresario destacó la decisión del Gobierno de "no descartar ningún flanco" en pos de conseguir la tan ansiada extensión del régimen de promoción económica. "Esta decisión de recurrir a la Corte Suprema demuestra que el Gobierno de la Provincia se preocupa mucho por conseguir la Promoción Industrial porque lamentablemente hasta ahora la Nación no nos ha dado respuestas por este tema", agregó Brizuela.

De todas maneras, el titular de UNIR se mostró cauto sobre el tiempo que podría demandar la obtención de una respuesta positiva ante esta nueva estrategia de la Provincia de recurrir a la Corte Suprema. "Todas las acciones que se llevan ante la Justicia llevan su tiempo, como sucede en todo proceso judicial. En este momento tenemos optimismo y preocupación al mismo tiempo porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho para lograr la prórroga de la Promoción Industrial aún no se han logrado los resultados esperados", sostuvo Brizuela.

La nueva estrategia

La nueva estrategia de la Provincia consiste en pedirle a la Corte Suprema que aplique el concepto de "declinatoria de juez federal" y solicitar la inhibición de todos los magistrados federales que resolvieron sobre la vigencia del decreto presidencial 699.

El planteo del Gobierno Provincial se sustentará en el artículo 117 de la Constitución Nacional, que hace referencia a la competencia de la Corte Suprema de Justicia en casos que involucren a las provincias como sujetos jurídicos.

Desde el Gobierno aseguran que el máximo organismo judicial del país podría asumir la causa y determinar la vigencia o no del decreto presidencial 699/10.