Caso patente fue el de la recientemente normalizada Confederación General del Trabajo (CGT), cuyo secretario general, Rubén Suárez, expresó a EL LIBERTADOR: "Desde el arco gremial que represento estamos conformes con la visita que el funcionario a hecho a Corrientes, básicamente le planteamos la problemática por la que atraviesan los obreros del frigorífico Tomás Arias y nos prometió ayuda en breve. Desde Nación acelerará los subsidios destinados para estos trabajadores, cuya situación preocupa desde hace tiempo al sector obrero. Queremos encontrar una salida para que esta gente siga trabajando porque hay todo un pueblo detrás. Estamos luchando para que estas familias vuelvan a tener sustento porque toda una comunidad corre el riesgo de desaparecer", advirtió.

Suárez recalcó los beneficios que traerá para el ámbito de los trabajadores la normalización de la CGT. "No es lo mismo llegar a Corrientes con una central obrera inactiva, desde ahora hay que ponerse a trabajar en serio y dejar atrás los seis años de vacío institucional".

El también titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) cargó contra las "pretensiones desestabilizadoras" de sindicalistas que no reconocen la autoridad de Suárez al frente de la CGT Corrientes". La oposición que tengo es parte de una movida política. Todos sabemos que Francisco Romero, del sindicato gastronómico, responde en el orden nacional a Jorge Barrionuevo, que ha formado un especie de CGT paralela carente de legitimidad".

Aprovechando la llegada de Tomada, desde la conducción de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se acercaron hasta la casa gubernamental para hacerle entrega al funcionario nacional de un petitorio, en el que el arco gremial hace hincapié en tres cuestiones fundamentales, una de ellas, "la censaría masiva a más de dos mil estatales a partir del 10 de diciembre de 2009", comentó Gustavo Paz Saravia.

El segundo punto tiene que ver con el fraude laboral que "nosotros hace más de tres años venimos denunciando ante la Subsecretaría de Trabajo y la Legislatura. Este fraude es por no darle la estabilidad al empleado estatal y sólo mantenerlo cautivo mediante un contrato o monotributo", apuntó.

La tercer arista en la demanda tiene relación con "el incumplimiento del convenio 131 que el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, firmó con el Gobernador saliente Arturo Colombi, respecto a la incorporación de dos mil planes sociales que venían prestando un servicio en el Estado provincial", subrayó Paz Saravia.