El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, remarcó que era la definición que “se estaba esperando” y que es “lo que corresponde”. La Provincia ahora es parte de la causa.
“Esto es lo que estábamos esperando, porque es lo que corresponde”, sostuvo el funcionario provincial.
El máximo organismo judicial del país determinó que todas las causas federales relacionadas con el decreto presidencial 699/10 deberán ser remitidas a la Corte Suprema.
Mercado Luna remarcó que ahora el Procurador General de la Corte les dará cinco días para informar sobre distintos movimientos que hayan existido en las causas judiciales relacionadas con el tema.
La Fiscalía de Estado fue la encargada de presentar la acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia, buscando una nueva estrategia en el marco del conflicto por la Promoción Industrial y la aplicación del decreto presidencial 699/10.
“A partir de ahora la Corte Suprema de Justicia le pedirá a los jueces y las Cámaras Federales toda la información sobre las causas”, explicó el funcionario provincial en referencia al pedido de inhibitoria de los jueces federales que realizó el Gobierno provincial en los primeros días del pasado mes de julio.
Mercado Luna precisó que la resolución implica que la Corte toma la causa, al mismo tiempo que “determina que los jueces se deben abstener de intervenir en el tema”.
“Ahora la Provincia es parte del proceso judicial y entonces nos van a notificar de cualquier resolución que se vaya tomando”, comentó el titular de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
Según pudo establecer NUEVA RIOJA, en el Gobierno están muy conformes por la determinación y al mismo tiempo creen que los tiempos judiciales de esta causa serán menores a otros procesos judiciales.
El máximo organismo judicial del país tendrá que determinar el fondo de la cuestión, es decir si el decreto presidencial del mes de mayo del año 2010 se debe aplicar o no. En este sentido, se entiende que deberá evaluar el conflicto entre el Gobierno nacional y los intereses de las distintas provincias.
La estrategia oficial en el tema
El Gobierno de la provincia de La Rioja está conforme con la resolución del Procurador General de la Corte Suprema de Justicia, porque logró que el máximo organismo de Justicia del país sea el encargado de resolver si el decreto 699/10 se podrá aplicar.
La Provincia presentó en los primeros días del mes de julio un pedido de inhibitoria de los jueces federales, la intención era que sea la Corte quien se encargue de resolver si el decreto presidencial se debe ejecutar o no.
La inhibitoria tenía por objetivo que todos los jueces federales que habían intervenido en el tema se abstengan de continuar con las causas.
En las provincias de Mendoza, La Rioja y San Juan existieron jueces que tenían causas relacionadas con el tema, y hasta se resolvieron varias resoluciones judiciales relacionadas con la medida presidencial.
Ahora llegará el turno del organismo judicial nacional, quien deberá determinar sobre el fondo de la cuestión, es decir la validez o no de aplicar el decreto que la presidenta Cristina Fernández firmó el 20 de mayo del año 2010.
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