"Alegría no sentirá ninguna de las familias porque las víctimas fatales no van a volver, pero sí es un cambio para la sociedad en general y para los que siguen viajando en los trenes." La reacción, de Romina Báez, hermana de uno de los 51 fallecidos en el fatal accidente del 22 de febrero en Once, es compartida por otros familiares o víctimas.

Al difundirse anoche la decisión judicial de detener a Claudio Cirigliano y Carlo Michelle Ferrari, responsables de la empresa de transportes TBA, LA NACION consultó a familiares y víctimas que hoy se concentrarán a las 7.30 en Comodoro Py. A las 8 está citado a indagatoria Juan Pablo Schiavi, quien para la fecha de la tragedia era el secretario de Transporte de la Nación.

"En medio del dolor y la tristeza que estoy viviendo en este tiempo, esta noticia es un aliciente que nos hace creer un poco más en la justicia", dijo Angel Cerrichio, que perdió ese día a su hijo y a su nuera. "La determinación de la Presidenta de quitarle la concesión a la empresa, que le pedí en la reunión que mantuve con ella, se demoró, pero llegó", dijo Cerrichio, y agregó: "Si bien esta medida de ahora [por la de Bonadio] tardó casi cuatro meses, es bastante rápida en comparación con cómo se ha movido la causa de otros casos de conocimiento general como lo del boliche Cromagnon".

Paolo Menghini, padre del joven Lucas Menghini Rey, cuyo cuerpo fue hallado después de tres días del accidente, dijo recibir la medida con satisfacción. "Esperamos la indagatoria que el juez tomará el viernes a Claudio Cirigliano y Ricardo Jaime [antecesor de Schiavi en la Secretaría de Transporte]", dijo Menghini, y destacó: "Está claro que la Justicia está ampliando su mirada más allá del error humano, en el caso de que hubiese existido tal error humano; de todas formas, es la Justicia la que determinará si hubo o no".

Los familiares de las víctimas de Once dijeron estar convencidos de que "la estructura ferroviaria estaba totalmente colapsada administrativa y técnicamente, y eso no puede ser responsabilidad de una persona".

También algunos temen que se interponga algún recurso judicial en las próximas horas que impida que la detención de Cirigliano y Ferrari queden sólo en pronunciamientos verbales.

"El pedido de justicia que hacemos es para que algo cambie y que nuestros familiares no hayan muerto en vano", dijo Romina Báez, y recordó que ése es el principal objetivo de la campaña "500.000 caras por justicia", que en trece días desde su lanzamiento lleva registradas unas 30.000 fotos de ciudadanos que adhieren a su pedido de fotografiarse anónimamente y que se difunde por redes sociales como Facebook y Twitter. Con esa iniciativa se busca que medio millón de personas se tomen una fotografía individual con un cartel que pida justicia..