El ministro Alejandro Panizzi, vocal de la Sala Penal, también participó del encuentro, en el que se acordó que el municipio dotará "de todos los elementos necesarios que permitan la implementación certera de la Ley de Ejecución de Pena" en la ciudad.

El objetivo del convenio es el de "articular, coordinar y gestionar con las distintas Secretarías y Subsecretarías, entidades de bien público, juntas vecinales, centros de formación y capacitación y otros organismos específicos de la ciudad", acciones que posibiliten cumplimentar las pautas establecidas como tareas comunitarias, impuestas a personas que se encuentran condenadas con pena de ejecución condicional, con el beneficio de libertad condicional, como así también a las que gozan de salidas transitorias.

Sastre y los ministros de la Corte Provincial coincidieron en la necesidad de "alcanzar la paz social y recuperar un diálogo maduro interinstitucional que apunte a revertir la desdichada ola de inseguridad y no quedar en cruces políticos y mediáticos", según se dijo al final de la reunión.

En ese marco, la Municipalidad y el Superior Tribunal, acordaron dar continuidad a la tarea que se viene desarrollando en el marco de la aplicación de los institutos de raíz constitucional establecido en la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, como así también aquellos relacionados al control serio y positivo en la aplicación de los artículo 13 y 27 bis del Código Penal, artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 10,3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 51 de la Constitución de la Provincia del Chubut.