La denuncia la radicó la pareja de Barrera, la cual también es uniformada, dando cuenta de que su compañero le habría confesado el abuso que se habría extendido a lo largo de los últimos dos años, por lo que desde la Justicia se ordenó la inmediata detención, sin que trasciendan de manera momentánea si existen otras pruebas objetivas de cargo contra el efectivo.

Más allá de esto, Barrera fue llevado a los tribunales del Campamento YPF con un esmerado sigilo por parte de autoridades policiales y judiciales en preservarlo de los medios de prensa, en una cuestión que evidentemente diferencia a los presos “uniformados” de los “civiles”.

Barrera fue representado por el abogado particular, el Dr. Pedro Fernández, por recomendación del cual negó todos los cargos, no accediendo a contestar más preguntas.

Tras esto el juez dispuso su retorno a su lugar de detención, mientras se pautó para el próximo miércoles la convocatoria a prestar declaración testimonial por parte de la pequeña de 10 años, presunta víctima del abuso.