“La medida es buena, pero significa un tremendo desafío y una enorme responsabilidad; y hay que estar a la altura de las circunstancias”, apuntó el gobernador Jorge Sapag respecto de la expropiación que impulsa el gobierno nacional sobre el 51% de las acciones de YPF.

Dejó en claro que el proceso debe avanzar paso por paso y que en el orden de prioridades se deberá iniciar el proceso de traspaso de la empresa fijando su precio y resolver, en la medida que surjan, los pleitos o reclamos judiciales de parte de Repsol; pero todo eso sin dejar de atender la que calificó como la prioridad de la empresa en su nuevo rumbo: la búsqueda de capitales y socios para iniciar el plan de negocios.

Sapag, que ayer participó del acto por el aniversario de la Policía Provincial y que visitó la sede neuquina de YPF, confirmó también que mañana llegará una delegación de funcionarios nacionales encabezada por quien fuera representante del Estado en el directorio de YPF y subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.

“Vamos a trabajar todo el jueves (por mañana) en este tema”, detalló el gobernador, quien no confirmó aún los nombres de los referentes del gobierno provincial que sentará en el directorio de la empresa.

“Es muy prematuro y es un tema absolutamente instrumental”, estimó Sapag, para quien la prioridad pasa por “los primeros 100 días de la empresa”.

Celeridad

“Hay que sacar la ley rápido para evitar demoras y hay un trabajo de 100 días que hay que preparar. La provincia va a participar, va a colaborar, como todas las provincias de la Ofephi, para que estos 100 días sean claros, precisos para que no haya discontinuidad en la empresa”, sostuvo.

Frente a la expropiación, el gobernador descontó que habrá críticas al proceso, pero respaldó lo hecho desde el gobierno nacional.

“Por supuesto que van a surgir cuestionamientos, básicamente de España, y de allí, la Comunidad Europea. Es una protesta diplomática en apoyo a los capitales españoles que se sientan perjudicados”, describió Sapag, quien planteó que el fijar el precio de las acciones es el derecho que asiste a la empresa expropiada.

“Lo importante es que se trabaje en este precio, que si se logra por común acuerdo, bien, pero si no, hay un tribunal de tasaciones que interviene. Pero Argentina procede en el marco de la soberanía que tiene como país, en el marco de una ley que la declara (a YPF) de utilidad pública y que va al Congreso”, agregó.

Según confirmó el gobernador, el papel de Gas y Petróleo del Neuquén, la empresa estatal de la provincia, se irá potenciando en el nuevo escenario.

“Vamos a buscar con G&P mayor participación en los trabajos en las áreas. Estamos con Enarsa trabajando en Aguada del Chañar, donde en 45 días empezamos con un pozo no convencional, con recursos propios, y estamos tramitando el dinero para hacer 22 pozos de petróleo y 7 de gas”, anticipó el mandatario, quien confirmó que otra de las cosas que no cambiará es el sistema de cobro de regalías, tanto para YPF como para el resto de las empresas radicadas en la provincia.