Sapag confirmó que "dispone en el departamento Aluminé, el congelamiento de todo el movimiento en lo que hace a expedientes y autorizaciones de construcciones", señaló ayer en un acto en el Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional en San Martín de los Andes.

"Además, queremos hacer un plan director, porque no solamente queremos un orden administrativo sino también un orden ambiental", aclaró.

Entre las medidas que tomó el gobernador en el decreto está la de suspender la tramitación de proyectos y emprendimientos que se hayan originado en las áreas de Pulmarí hasta que se termine un plan de ordenamiento y desarrollo territorial.

Además, instruyó al Ministerio de Desarrollo Territorial a regularizar las tierras existentes luego de hacer un relevamiento de todos los habitantes de la zona. Los habitantes deberán acreditar la titularidad del predio o la cesión otorgado por el titular dominial, acreditar el proyecto ante el Colegio de Arquitectos o el Consejo Profesional de Ingeniería, y el cumplimiento del tratamiento de efluentes líquidos y residuos sólidos domiciliarios.

Causa

Las medidas surgieron luego de que se conoció la cesión de dos hectáreas a favor del intendente Mauro Del Castillo sobre el lago Moquehue. Las tierras están valuadas en un millón de dólares. Sapag dio de baja la concesión.

Además, el mandatario propondría a tres nuevos representantes para que integren el directorio de la CIP, que serían Enrique Schaljo, funcionario de Corfone, Sebastián González del Copade y Andrés Méndez, intendente de Aluminé.

La investigación sobre la venta ilegal de tierras de Pulmarí la realiza el fiscal Marcelo Jofré y actúa como querellante el presidente de la CIP, Alberto Moreno. Ayer se conoció que la Provincia también pidió conformarse como querellante a través de la Fiscalía de Estado pero la Justicia aún no lo confirmó.

"La Dirección Provincial de Tierras solicitó a la Fiscalía que le devuelvan los expedientes que ésta secuestró en los allanamientos, lo cual me parece un muy mal gesto porque retirárselos a un fiscal antes de que termine de investigar es impedirle que haga su trabajo. Además, es a Tierras a quien se está investigando", explicó el responsable del Consejo de Vigilancia de la CIP, Ricardo Mendaña.