“Cortar una ruta es delito acá y en la China”, dijo el gobernador Jorge Sapag el viernes, luego de asistir a la largada de la etapa local del Tour de France, en Bariloche. Fue el preludio para el anuncio que realizó después, cuando dijo que la Provincia buscará convertirse en querellante cada vez que haya un corte de ruta que afecte los intereses de Neuquén.

La intención, señaló Sapag, es evitar que esas causas caigan por falta de denuncia, como ocurrió con la que se impulsaba en la Justicia Federal contra los dirigentes de ATEN Marcelo Guagliardo y Daniel Huth, por el corte del puente sobre el Río Neuquén en 2010.

El fiscal a cargo de la investigación, Adrián García Lois, decidió no acusarlos y enmarcó la causa dentro de un “conflicto social”. “Cuando viene marcado dentro de un reclamo considerado institucional, como es el derecho a un salario digno, tiene la misma validez y está en igualdad de condiciones que el derecho a la circulación”, declaró tras la audiencia. Además, entendió que en la causa había un “estado de necesidad exculpante”, que no exime a Guagliardo y a Huth del daño material o patrimonial “que pueden haber causado, pero sí de la aplicación de la pena”.

La decisión, que finalmente terminó con la absolución dictada por el juez Gustavo Villanueva, no cayó bien en el gobierno provincial, que hasta el viernes había hecho trascender su malestar por lo bajo. Pero Sapag salió a sentar una postura, insistió en que un corte de ruta es un delito y señaló que pondrá las herramientas del Estado para acusar a quienes protagonicen esta medida de fuerza.

Más allá de los caminos administrativos, se trata de una señal política. Consciente de que los cortes de rutas tienen escaso consenso social y que la capacidad de presión de los gremios parece diluida en las pujas intestinas que los dividen, el Gobierno interpreta que tiene que salir a dar una señal concreta sobre el asunto. Máxime cuando algunos de sus opositores intentan endilgarle cierta pasividad. Sapag ya había respondido tiempo a atrás a esas críticas al sostener que salir a “meter palo” no es una solución. Al contrario, el Ejecutivo aspira a acciones negociadas, que eviten llegar a esa circunstancia, aunque la presencia de policías en los cortes se ha intensificado en los últimos tiempos.

Más allá de la discusión judicial e incluso política, está claro que los cortes de ruta como método de protesta están totalmente deslegitimados y sólo logran enfrentar a los neuquinos. Ya ni siquiera sirven como instrumento de presión a la hora de una negociación salarial. Esto, sin importar el nivel de razón que tengan los gremios a la hora de hacer sus reclamos.

Cuentas públicas

Esta semana, el Ejecutivo firmó nuevos decretos de pases a planta, pero sigue sin haber una oferta salarial. ATE presentó una propuesta de reasignación de partidas argumentando que existen fondos libres. Dicen que aquellas obras que estaban presupuestadas y que consiguieron ahora fondos en la emisión de bonos aún no lanzada liberaron dinero que puede ser usado para aumentos.

Lo cierto es que muchos de esos fondos que el Estado preveía para gastos de capital se fueron en gastos corrientes. Inclusive, hacia allí se destinaron los ingresos extra que se obtuvieron, que este año fueron muy por debajo de lo esperado.

Complicado por esta crisis de liquidez e imposibilitado de emitir letras de largo plazo porque no consigue la autorización de Nación, el Gobierno ya implementa un plan de endeudamiento interno similar al que utiliza la Casa Rosada: se colocaron letras a fondos frescos como los de la Fiduciaria y se pidieron adelantos de regalías. Aún así, todavía hay dudas sobre cómo se pagarán los aguinaldos de fin de año.

Presupuesto

Todo esto es considerado por estos días por los técnicos del Ministerio de Economía que elaboran el presupuesto provincial, que se ubicará entre los 11 y 12 mil millones de pesos.

Hay dos grandes dudas. Una de ellas es cómo considerar los ingresos por regalías. Sapag adelantó el viernes que se tomarán los valores en boca de pozo que YPF proyecta en su plan de cien días, que son el doble de los actuales. Sin embargo, ese valor está sujeto a que se liberen tarifas, una medida con alto costo político que el gobierno nacional no parece tener en carpeta en el corto plazo. Las ponderaciones de los ingresos por derecho de uso deberán ser muy finas, para evitar sobreestimaciones que puedan traer dolores de cabeza más adelante.

La otra duda, ya de tenor político, radica en si deben incluirse o no aumentos salariales para 2013. El mayor temor es que la cifra que se decida (que podría o no ser consensuada con los gremios), termine sirviendo de piso y no de techo para futuros reclamos.

Todo esto quedará resuelto en noviembre, cuando ingrese en la Legislatura la ley de leyes.