Ya instalado con una amplia comitiva oficial en San Martín de los Andes, donde el domingo se elige intendente por un año, el gobernador Jorge Sapag confirmó que su gobierno mantendrá “congelado” durante seis meses las tramitaciones por expedientes de construcciones, compra o venta de tierras, en el departamento Aluminé.

Es una verdadera veda inmobiliaria sin mayores antecedentes, singular desde cualquier punto de vista, y justificada solo por una razón: ordenar algo que evidentemente está desordenado, y que posibilita transgresiones a las leyes. La magnitud de la medida, al menos desde la evaluación política, implica una magnitud (grande) de ese desorden.

En este sentido, la iniciativa oficial, originada tras el pequeño escándalo promovido desde la corporación Pulmarí contra el intendente de Villa Pehuenia, Mauro del Castillo, puede suscitar réplicas en otros distritos y como iniciativa de otros partidos. En la capital neuquina, por ejemplo, hay concejales –como Marcelo Bermúdez, de PRO, que están muy interesados en blanquear y regularizar la existencia y tenencia actual de decenas de lotes que son de propiedad municipal.

Sapag visitó este miércoles el Escuadrón 33 de Gendarmería Nacional en San Martín de los Andes, acompañado por el senador Horacio Lores. Fue allí que confirmó que el decreto 1804 “dispone, en el departamento Aluminé, el congelamiento de todo el movimiento en lo que hace a expedientes y autorizaciones de construcciones”.

El mandatario provincial sostuvo que “dispusimos congelar por 180 días todo movimiento en lo que hace a adjudicaciones, tenencias y escrituraciones de tierras en esa zona”, y que se pretende “hacer un plan director, porque no solamente queremos un orden administrativo sino también un orden ambiental”