En respuesta al pedido de los diputados del Movimiento Popular Neuquino (MPN) de rescindir el contrato de concesión del peaje de la Ruta 7 en Centenario y al escrito que la oposición le envió solicitando la anulación del decreto que lo autoriza, el gobernador Jorge Sapag remitió ayer una carta a los legisladores en la que explica las razones que lo llevaron a avalar esta nueva concesión. A su vez, los invitó, junto a “los intendentes, concejales y trabajadores a la búsqueda de alternativas superadoras”.

Sapag pidió que para ello se tengan en cuenta “todos y cada uno de los condicionamientos que arrastra este contrato del año 1994 que esta gestión heredó y debió dar solución a una situación de extrema gravedad hacia la seguridad vial, salvaguarda de 50 familias y recuperación de la deuda al Estado”.

El mandatario provincial explicó que el contrato de concesión con Caminos del Comahue recibió un préstamo del Fondo para el Desarrollo Provincial, actualmente administrado por el IADEP, que tenía como garantía ese contrato y de donde debían surgir los recursos para su devolución.

Recordó que en 1997 comenzaron planteos de la empresa de readecuación de la concesión, queja por corte de ruta y daños a sus instalaciones; y que en 2001 la tarifa se redujo en un 30% para las categorías I y II y en un 60% para las demás. Indicó que este cuadro tarifario se mantuvo hasta el presente.

Señaló que en 2004 se reconocen incumplimientos del Estado con una compensación a través del cobro que la provincia realizaría ente el OCOVI pero que las gestiones “resultaron infructuosas”. Esto, sostuvo, condujo a reclamos recíprocos de Neuquén para recuperar el cobro del crédito del IADEP y de la empresa por un reajuste tarifario de 40 millones de pesos.

Propuesta

En su escrito dirigido a los diputados, Sapag planteó que la situación actual ofrece “un marco de irresolución, inestabilidad y litigiosidad agravada en el tiempo” y que la propuesta del Ejecutivo neuquino es la preservación de las fuentes de trabajo, el mantenimiento de la tarifa actual para los habitantes de Centenario y Vista Alegre, junto a la “sustentabilidad económica de la concesión por medio de una tarifa adecuada”.

También indicó como importante el recupero del crédito otorgado por el IADEP (23 millones de pesos), el freno a acciones judiciales y la ejecución de los trabajos “retrasados e indispensables en el tramo concesionado”, entre otros puntos.

“Tengo la tranquilidad de haber tomado decisiones a conciencia, con mucha seriedad y transparencia, en una tema que dilatado en el tiempo requirió y requiere urgentes medidas”, finalizó Sapag en su carta.