Santos habló en un acto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De acuerdo con el mandatario, agentes de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) descubrieron que en San Martín, en el departamento de Meta, a unos 120 kilómetros al suroeste de Bogotá, con 296 ilegalidades, se han robado 187.700 hectáreas.

"¿A quiénes despojaron? A los campesinos y al Estado", añadió Santos en el acto, donde el PNUD presentó un informe de 437 páginas elaborado a lo largo de los dos últimos años sobre la ruralidad en el país y los problemas de la tenencia de la tierra.

El mandatario no dio detalles sobre los autores de esos actos ilegales -generalmente falsificación de títulos o falsas ventas de tierras o transferencias a testaferros- ni a lo largo de qué años se produjo.

El Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, sólo comentó a los reporteros tras el acto que el proceso de investigación de su oficina y el Incoder se hizo en los dos últimos meses y que de la mayor parte de esas 187 mil hectáreas, al menos 60%, correspondían a terrenos baldíos del Estado y 40% aproximadamente a campesinos. Y agregó que desconocían si ese robo lo hicieron paramilitares, narcotraficantes o guerrilleros.

Vélez también señaló que la Superintendencia ha revisado hasta ahora segmentos de tres de los 32 departamentos colombianos y "llevamos 600.000 hectáreas" identificadas de despojo en distintas modalidades desde falsificación de documentos hasta "aclaración de linderos" o mover las fronteras de una finca. En el Meta, donde identificaron las más recientes ilegalidades, apenas va el 20% del territorio examinado.

El gobierno de Santos (2010-2014) se ha comprometido a entregar títulos de propiedad y devolver dos millones de hectáreas a sus legítimos dueños. "La revolución agraria es posible...y lo estamos haciendo desde la legalidad", sentenció.

Los cálculos del gobierno son que en los últimos 25 años Colombia, un país de 114 millones de hectáreas, al menos dos millones de ellas le fueron robadas a campesinos por grupos armados ilegales, otras cuatro millones de hectáreas fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de eso ilegales e incluso al Estado le fueron "robadas" entre 400.000 a 500.000 hectáreas en procesos fraudulentos en notarias y registros.

"Smos muy conscientes de los problemas por ejemplo de seguridad y de las amenazas que ya comienzan y los ataques que sufren los líderes de los procesos de restitución de tierras", sostuvo Santos. "Lo que no podemos permitir y no vamos a permitir es que los violentos, los despojadores, los cínicos frenen este proceso de restitución porque este proceso es inatajable", aseguró.

De acuerdo con la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en lo que va de 2011 han sido asesinados al menos nueve líderes y personas desplazadas de sus tierras. En todo 2010 habían sido ocho.