Para que el referendum se realice se necesitan $38.500. La intendente Ana Escalante se presentó a la Junta Electoral provincial argumentando que sólo contaban con mil pesos.
Se cierra el año y la situación institucional en Santa Ana sigue sin resolverse. El pasado 12 de enero el Concejo Deliberante decidió destituir a la jefa comunal Ana María Escalante por entender que incurrió en algunas irregularidades respecto a los recursos del fondo sojero 2009.
Ese día los concejales Fernando Gómez y Laura Cabrera la destituyeron y seguidamente la denunciaron ante la Fiscalía Federal porque consideran que se habría cometido un delito.
Tras varias idas y vuelta entre el Ejecutivo y Legislativo comunal, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió que los electores de esa pequeña localidad debían dirimir mediante una consulta popular la continuidad o no de la intendente. La fecha elegida por el máximo órgano de justicia de la provincia fue la del 18 de noviembre.
Ante la falta de recursos la junta electoral provincial decidió extender el plazo por 30 días más.
Para este plebiscito se presupuestó 38.500 pesos. El dinero debe salir de las arcas de la Comuna de Santa Ana. “Le dimos tiempo suficiente para que cumplimenten todos los requisitos. El pasado martes 6 de diciembre se acercó la intendente Ana María Escalante y manifestó que sólo contaban con 1.000 pesos para desarrollar el plebiscito”, comentó a época el presidente de la junta electoral provincial.
“Es el municipio el que debe buscar una solución sobre la falta de recursos. Lo que podemos decir nosotros es que estábamos preparados con todos los recursos humanos y técnicos para realizar la consulta popular, si no cumplen con este punto no se puede avanzar”, dijo Sánchez Mariño.
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