Del total de 180 viviendas usurpadas en abril del plan habitacional de Santa Rita II, esta mañana dos familias accedieron a abandonar las que habían ocupado. A través de gestiones llevadas adelante por la secretaria de Gobierno municipal, Adriana Molina, y asistentes sociales que visitaron el complejo desde que se produjo la toma, las familias de barrio Los Hornos y Punta Norte volverán a sus hogares y serán incluidas en el Plan de Regularización Dominial que impulsa la Municipalidad hace cuatro años en diferentes barrios de la ciudad.

Vale aclarar que, según Molina, ninguno de los dos grupos familiares responde a la Corriente Clasista y Combativa (CCC) sino que llegaron al lugar motivadas por la precariedad de sus condiciones de vida y la imperiosa necesidad de una casa. Las familias que dejarán el plan están constituidas en un caso, por dos mayores y un bebé, y en el otro, por tres mayores y un menor.

“Llegaron (a Santa Rita II) porque necesitan un lugar y porque creían que si se metían en una casa se iban a quedar con la propiedad”, explicó Molina, a la vez que resaltó que con el paso del tiempo, se les estaba haciendo cada vez más difícil permanecer en el plan ya que una de las casas tomadas no tenía techo. Después de las sucesivas charlas con las asistentes sociales, “se dieron cuenta de que estaban equivocados, en el sentido de que no se iban a quedar con la casa, que no tenían servicios y que era posible que terminen siendo desalojadas por la policía”.

Diálogo constante

Las familias se fueron del plan por sus propios medios, y el municipio les facilitó el traslado de las pertenencias que habían llevado al plan. Inmediatamente, personal de la Municipalidad procedió a tapiar las viviendas para que no vuelvan a ser usurpadas. A la vez, agentes de la policía provincial y de la Guardia de Seguridad municipal están custodiando el lugar.

Si bien el plan tomado es provincial y las gestiones para lograr la desocupación de las viviendas siguen actualmente el canal judicial, en esta oportunidad fue el Ejecutivo local el que tramitó la salida de las dos familias.

Al respecto, la secretaria de Gobierno dijo que “desde el primer día se tomó la decisión de no estar al margen del tema porque también es nuestra responsabilidad”. Seguidamente, destacó que “la iniciativa responde a la decisión de orientar a que la gente haga las cosas bien y que no comentan un delito, como en este caso con la usurpación”.

“Debemos acompañar a la provincia y a la familias que quieren dejar la ilegalidad, de cometer un delito”, resaltó Molina.

Según la funcionaria, el diálogo con las familias que no responden a la CCC continúa por lo que es posible que otras más abandonen las viviendas usurpadas.