El funcionario judicial está acusado porque supuestamente habría ejercido la actividad de prestar dinero a tasas usureras (los diputados señalaron porcentajes de 60% mensual), pero lo llamativo, que la entrega de dinero la habría realizado en la propia sede la Fiscalía que conduce, el también cuestionado, fiscal Marcelo González.

Pero en esta ocasión, la suspensión sería por una denuncia por estafa realizada por un ex socio, Carlos Bustamante y no por la actividad de prestamista.

Albarracín ya habría sido sancionado anteriormente a partir de otras denuncias del mismo tenor, y cuando arreciaban las denuncias públicas, desde su jefatura se lo licenció hasta tanto se termine el sumario.

Además, el funcionario es uno de los principales blancos de cuestionamientos a partir de que varios elementos robados a vecinos santamarianos fueron encontrados en el desarmadero de su propiedad, sin que el fiscal lo haya investigado a pesar de las múltiples denuncias en su contra, incluso de las autoridades de la escuela que encontraron la histórica campana de bronce en “Servicios Generales”, tal es el nombre de la empresa de Albarracín que sería proveedora de Minera Alumbrera.