Un informe de la Red Alto al Tráfico y la Trata ubica a la provincia al tope entre los lugares donde llegan mujeres esclavizadas para explotación sexual. El colectivo Las Juanas pide que se mantenga vigente el programa Integrando Redes.
La RATT se fundó en septiembre de 2006 por una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, "preocupadas por la grave situación que están atravesando numerosos niños, niñas y adolescentes víctimas de trata, tráfico y explotación sexual comercial en nuestro país". Posee referentes en distintos puntos de Argentina, quienes articulan acciones con distintos organismos del Estado y otras entidades no gubernamentales. Con los datos que recabaron el año pasado, elaboraron un informe que indica que Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y toda la Patagonia son los lugares predilectos de destino de víctimas de redes de explotación sexual. En cuanto a las nacionalidades de las víctimas, éstas provienen de Paraguay, Bolivia y República Dominicana en su mayoría, y Brasil y Colombia en menor medida. El informe da cuenta además de que la mayor parte de las denuncias de desapariciones son realizadas por familiares como fugas de hogar. Asimismo, las provincias de Salta, Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy son lugares de reclutamiento de personas con fines de explotación sexual.
En la misma vía, Sosa afirmó que la provincia tiene "muchas complejidades de origen de proxenetas, pero también de tránsito y explotación de mujeres". La integrante de Las Juanas rubricó que sus características de "zona rica y gran centro urbano" erigen a Santa Fe como una de las regiones con problemas a la hora de combatir la trata de personas. Tanto en el plano provincial como el municipal se han logrado "avances" en políticas de Estado, sin embargo -entiende Sosa- se podrían emprender más acciones. "En Rosario necesita trabajarse en legislaciones que limiten la existencia de bares y boliches donde las mujeres son el objeto atractivo por excelencia". Ese es un "punto importante". En tanto, a nivel provincial, Las Juanas aguardan que "se pueda integrar a organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos y ciudadanas, ya que en algunos barrios es muy importante que empiecen a capacitarse en esta problemática". Esa propuesta se la llevarán a la subsecretaria de Derechos Humanos Nadia Schujman, a quien ya le han solicitado una reunión, que se concretaría en los próximos días. "Queremos establecer estrategias comunes y pensar políticas transversales en lo que respecta a políticas de género", apuntó Sosa.
En el 2009, Binner creó el programa "Integrando Redes", mediante el cual se propuso "diseñar e implementar acciones integrales de prevención, monitoreo, control y asistencia a las víctimas de graves sometimientos por su situación de vulnerabilidad". Preveía acciones de prevención, de intervención inmediata y de construcción y/o reconstrucción de los lazos y oportunidades sociales. En ese momento, diversas organizaciones de la sociedad civil aplaudieron la iniciativa e incluso comenzaron a participar de algunas actividades en conjunto con el gobierno. Sin embargo, a menos de tres años del lanzamiento, desde varias instituciones le aseguraron a Rosario/12 que el programa no continúa con tanto impulso. "Esperamos que continúe, pero le falta un fuerte desarrollo y dimensión en función de las características que tiene esta provincia en el tema, particularmente de Santa Fe al norte. Informes de organismos internacionales ubican a Santa Fe como una provincia de explotación sexual, en algunas zonas como el norte. Eso habla de un Estado que tiene que garantizar el programa donde haya varios factores: el gubernamental es el central, pero que pueda articularse con instituciones que trabajamos el tema, desde la concientización en las redes hasta el poder trabajar de manera social para que no se considere a las mujeres solo como objeto sexual", explicó Sosa.
Una de las mayores complicaciones que se encuentran a la hora de luchar contra la trata de personas es la falta de reglamentación de la ley, que sufrió una modificación y espera ser discutida en la Cámara de Diputados. Son cambios "necesarios" pero que mientras no se reglamenten "limitan el poder ejecutar a nivel provincial". "Parece no haber demasiada urgencia, por lo tanto todo lo que es presupuestario y de asistencia a las víctimas, que es una de las críticas que les hacemos a la ley, viene bastante lento", describió Sosa.

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