La discusión sobre la modificación del régimen de compras desató fuertes tironeos entre el oficialismo y la oposición en el Concejo Deliberante de Santa Lucía. El basualdismo, que es mayoría, aprobó una ordenanza que sube de 12 mil a 50 mil pesos el monto de las adquisiciones que puede hacer el municipio sin llamar a licitación y crea un ítem para las compras directas de materiales para obras y servicios de hasta 250 mil pesos. El fundamento se basó en el aumento del precio de los productos por efecto de la inflación y por una necesidad del Ejecutivo municipal de no entorpecer el funcionamiento. Sin embargo, los concejales del Frente para la Victoria votaron en contra por considerar que se trata de valores excesivos, que puede haber discrecionalidad en el gasto y que el órgano deliberativo dejará de tener el control sobre la cantidad y el monto de las adquisiciones que haga la comuna.

El intendente Marcelo Orrego negó que puedan efectuarse gastos injustificados y afirmó que fue una decisión política para actualizar el régimen de compras, ya que se manejaban los mismos valores de un municipio de tercera categoría, que tiene menos cantidad de habitantes que el de Santa Lucía, explicó. En cambio, el concejal del Frente para la Victoria, Lucio González, manifestó que la ordenanza sancionada “nos preocupa porque nos hace pensar que no van a haber licitaciones”, mecanismo por el cual los oferentes exhiben distintos precios de un bien o servicio y en el que se evalúa la calidad y los antecedentes de la empresa, destacó el edil.

En base a la nueva ordenanza, el municipio ahora puede realizar compras corrientes (insumos que van desde una lapicera hasta una computadora) de forma directa hasta 50 mil pesos. En este punto, los concejales de la oposición remarcaron que el valor antes era de 12 mil pesos y que les parece excesivo el aumento, ya que ronda el 417 por ciento.

Pero el detalle que más cuestionaron fue la creación de un ítem que permite la adquisición directa de materiales para obras y servicios (herramientas, maquinarias, hierros) por un monto de 250 mil pesos. El concejal González resaltó que las cifras son muy elevadas y que un “Gobierno transparente debe mostrarle a los vecinos cómo se compra, cuáles son los precios que hay entre diversas alternativas y la calidad de lo que se adquiere, cosa que se logra con una licitación”. Así detalló que el valor determinado para el llamado a licitación pública para adquirir alguna maquinaria o para realizar una obra es de 200 mil pesos, una cifra menor a la fijada para la compra de materiales.

Con la ordenanza aprobada, González indicó que ante las adquisiciones que realice el Ejecutivo municipal, al Concejo Deliberante le queda como herramienta el pedido de informes para poder controlar en qué se gastan los recursos, expresó.