Los vecinos del barrio Santa Lucía (Cerrito al 7500) dieron otro paso para poner en agenda pública sus problemáticas. En una reunión con concejales de la comisión de Seguridad Pública y Comunitaria expresaron los conflictos que los aquejan en materia de seguridad, pero también necesidades de organización urbana, contención social y servicios: reclaman desde el ingreso de colectivos hasta la apertura de una calle que saque al sector del aislamiento.

La lista de temas quedó en carpeta para un próximo encuentro, en febrero, con autoridades municipales y del gobierno provincial. "Es necesaria una intervención urgente. Donde tocás, aparece una falencia. Queremos que se sumen todos los agentes del Estado involucrados para llenar ese vacío", dijo tras el encuentro el concejal justicialista Osvaldo Miatello, quien destacó "el trabajo de comunicación entre instituciones oficiales y ONG's" que comenzó a articularse en el barrio.

La reunión se hizo el jueves pasado en el centro de salud de Santa Lucía. Participaron, además, el edil socialista Alberto Cortés, miembros de una organización que trabaja en violencia familiar, dos agentes de la Guardia Urbana Municipal, vecinos y responsables de una escuela de fútbol infantil.

La seguridad fue una clara demanda de los vecinos, aunque no la única. La situación de tensión que se vive allí a partir de disputas entre bandas, una de ellas del vecino barrio Las Palmeras, se plasmó en septiembre pasado cuando la escuela Nº 1.387 suspendió las clases por dos días, ante el planteo de una decena de padres porque los chicos sufrían amenazas camino a clases.

En ese sentido, Noris Piclu, integrante de la vecinal, contó ayer que las irrupciones a tiros vuelven cuando se relajan los controles policiales. Dos días atrás, según dijo, los chicos de un taller de kung fu debieron quedarse a resguardo porque sonaron disparos justo en el horario de salida.

Frente a este panorama, sus habitantes no reclaman intervenciones de saturación policial sino un abordaje más complejo. "Quieren que se instale un destacamento porque la subcomisaría 22ª tiene dificultades de acceso, pero también piden más control hacia la actividad policial", señaló Miatello.

Los vecinos afirman haber denunciado en Tribunales y en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia situaciones de corrupción policial y abuso de autoridad a grupos de jóvenes.

Así, en materia de gestión de seguridad requieren que además se "regularice la recepción de denuncias en la subcomisaría".

El barrio está prácticamente aislado al oeste de la Circunvalación y tres cuadras al sur de la autopista a Córdoba. Tiene un único ingreso por Cerrito al 7500. En cuestiones de urbanización los vecinos piden la apertura de calle Donado (aprobada en los presupuestos participativos de 2008 y 2009), que mejore la frecuencia de la línea 153 negra y que ingresen de noche el 120 y el 122.

También gestionan la cesión de un terreno de la Dirección Provincial de la Vivienda para instalar allí un club, una vecinal y una biblioteca que funciona en una casa particular. Por todo eso, los concejales convocarán a autoridades municipales y de la provincia a una reunión prevista para el 15 de febrero.

Por último, en Santa Lucía piden apoyo estatal a emprendimientos para la contención de jóvenes. En este momento funcionan, por iniciativa de los vecinos, talleres de barriletes y de arreglo de bicicletas, un ciclo de cine y la escuela de fútbol.

Por eso, pese a las sombras, Piclu remarca que en el barrio también hay luces: asegura que se tejen lazos comunitarios y un grupo de vecinos lucha con fuerza para construir lo que falta. "Estamos empezando a salir del olvido", expresó.