Desde la segunda quincena de marzo, los tres convencionales de Santa Ana están trabajando en la redacción de la primera Carta Orgánica del municipio. Y tal como lo anticiparon antes de asumir, uno de los temas que están analizando en profundidad es la responsabilidad de los funcionarios de los diferentes estamentos para, en base a ello, fijar en los artículos qué tipo de sanciones -entre ellas económicas- deberán afrontar quienes no cumplan con sus deberes. Estiman que de esta forma, podrán evitar que se generen extensos conflictos institucionales.

Amilcar Zacarías, María Frías y María del Carmen Machado, tras interiorizarse sobre el contenido de la Ley Orgánica de Municipios y de Cartas Orgánicas de otras comunas, ahora están abocados a definir que fijarán en los artículos de las normas que redactarán para que rijan en Santa Ana.

“Uno de los temas sobre lo cual hacemos hincapié es el referido a los derechos y obligaciones que tienen quienes ejercen cargos dentro del Ejecutivo Municipal, el gabinete y el Concejo Deliberante, porque observamos que por ejemplo en muchos lugares se establece qué tipo de situaciones constituyen un incumplimiento de deberes de funcionario y hasta dice que deberán ser sancionados pero no especifica el alcance concreto de la sanción”, explicó la convencional Machado en diálogo con El Litoral. “Básicamente queremos que si una persona que está en la función pública es citada para brindar informes sobre un determinado tema lo haga, caso contrario, que afronte una sanción que estimamos que debería ser económica, por ejemplo un determinado porcentaje de su sueldo”, añadió la estatuyente de Santa Ana.

Quien precisó que “lo que estamos evaluando son los diferentes tipo de sanciones que se podrían fijar de acuerdo al caso y de ser monetaria, el monto que tendría y como se efectivizaría el pago”.

Mientras que en el caso de los ediles, desde la Convención señalaron que “si faltan en forma reiterada y sin justificación, lo más adecuado es que su lugar sea ocupado por quien sigue en la lista y evitar así que una banca esté inactiva”.

Sobre esto, estatuyentes aclararon que no se trata de un embate contra un funcionario de turno en particular, sino en la necesidad de fijar reglas claras para el ejercicio de un cargo público. “Que los que se postulan, sepan que al llegar a ser funcionario, si no cumplen con sus deberes, eso no pasará inadvertido sino que deberán afrontar sanciones concretas”, remarcaron.

Al mismo tiempo que insistieron que “trataremos de que queden los menores vacíos legales posibles, para que después no se generen extensos conflictos institucionales que por lo general responden a que los funcionarios incumplieron sus obligaciones, abusaron de sus derechos o bien porque tomaron medidas que no les corresponden”.