El gobierno de Santa Cruz, a través de una carta documento enviada por el ministro de Economía, Ariel Ivovich, y el presidente del Instituto de Energía, Juan Ferreiro, intimó al titular de YPF SA, Sebastián Eskenazi, a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales en materia de inversiones en 23 yacimientos.
Caleta Olivia (agencia)
Santa Cruz es, luego de Chubut, la segunda de las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) que adopta esta instancia legal.
La misma se conoció ayer, es decir dos días después de que el gobernador Daniel Peralta pronunciara un discurso en la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, donde volvió a fustigar la “desinversión” de compañías petroleras, haciendo especial referencia a YPF.
En la carta documento, Ivovich y Ferreiro notifican al titular de la principal operadora de yacimientos que “del relevamiento efectuado por el Instituto de Energía de Santa Cruz, de datos por usted proporcionados en carácter de declaración jurada, surge palmariamente que vuestra representada ha omitido de manera sistemática efectuar inversión alguna en diversos yacimientos bajo vuestra titularidad”.
LOS YACIMIENTOS
En detalle, el texto expresa que la empresa incurrió en “incumplimiento de los artículos 31 y 69 inc. A) de la ley Nacional N 17.319".
Enumera además que “los yacimientos correspondientes a concesiones bajo vuestra titularidad que presentan inversiones nulas son: Barranca Yankowsky; Barranca Baya; Cañadón de la Escondida; Cerro Grande; Cañadón León; Cañadón Seco; Meseta Espinosa; Cañadón Vasco; Cañadón Yatel; Estancia Cholita; Estancia Cholita Norte; Cerro Guadal; Cerro Guadal Norte; Cerro Piedras; Los Sauces; El Guadal; Lomas del Cuy; Aguada Bandera; Los Monos; Cerro Bayo; La Cueva; Las Mesetas y Koluel Kaike”.
PLAZO PERENTORIO
Asimismo, las autoridades indicaron que “este ostensible proceso de desinversión implica para la provincia de Santa Cruz y para la Nación argentina, un perjuicio patrimonial que no estamos dispuestos a tolerar”.
“Por ello y en ejercicio del poder de contralor del que nos encontramos investidos, intimamos a usted a someter a consideración del Instituto de Energía, en el plazo perentorio de cinco días, las razones técnicas, económicas y financieras con sus correspondientes probanzas, que llevaron a vuestra representada a incurrir en el grave proceso de desinversión”.
Al mismo tiempo, dejan constancia de que la intimación corre “bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el artículo 80, inc “C” de la ley 17.319 el cual prevé que los permisos y concesiones caducan por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación, inversiones, trabajos o ventajas especiales”.
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