El hombre indicó que los fallos dictados por la Corte (el primero en octubre de 2009 y el segundo hace dos semanas) "conculcan flagrantemente mis garantías y derechos constitucionales inherentes a la inamovilidad y estabilidad en mi desempeño como funcionario judicial" y confirma que denunciar también al órgano legislativo "a los fines de que dicho cuerpo se abstenga de sancionar cualquier norma que conlleve mi remoción en el cargo que legítimamente ejerzo", publicó el diario Clarín.

Según el gobernador Daniel Peralta si se ejecutara el mandato de la Corte quedaría al borde un juicio político por violación de la Constitución santacruceña. En la Legislatura, en tanto, salieron a respaldar al patagónico: diputados provinciales criticaron el último fallo y rechazaron la intervención federal propuesta por el Congreso. "Es un fallo escandalosamente institucional porque viola la autonomía de la provincia en el afán de dar respuestas favorables a quienes mantienen lazos opositores y el deseo de romper la paz social en la provincia de Santa Cruz", indicó la oficialista Ana Urricelqui.

Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal salieron al cruce del incumplimiento de Santa Cruz y le pidió "a las autoridades provinciales que acaten sin más la decisión de la Corte Suprema en orden al respeto que se merecen sus decisiones y la matriz republicana de gobierno que garantiza la Constitución Nacional".

En este marco, el CPACF "resultaría oportuno que el Congreso Nacional brinde una solución legislativa apropiada a las circunstancias, teniente a evitar que hechos como el que motiva la presente se sucedan sin más, habida cuenta el impacto negativo que genera en la ciudadanía y en las Instituciones", precio la entidad.