El Sindicato Petrolero de Santa Cruz permanece en silencio y en zona norte ya se habla de crisis en el sector por falta de pago de las certificaciones. El País y El Día de España con fuertes críticas.

Las definiciones que dio el gobernador Daniel Peralta, minutos después del acto de Ramón Santos, fueron claras y deja lugar a la especulación de que el tema de la reversión de áreas podría ser el principio en Santa Cruz. “Tenemos en este momento 22 áreas en revisión y caudacadas estas obviamente pasarán a Fomicruz y van a ser licitadas”, expresó Peralta, tras explicar que la provincia ha intimado a “dos o tres empresas” por diez áreas petroleras donde no se han efectuado las inversiones correspondientes. A pesar de todo, no explicitó a qué empresas se refería. Sin embargo en conversaciones fuera de micrófono apuntó a Petrobrás como otra de las operadoras que está en mora con las inversiones en las áreas concesionadas.

En tanto desde el Sindicato de Petroleros Privados, se sigue haciendo “silencio de radio” y a la notoria ausencia en el gran acto de Ramón Santos, le siguen comentarios en el circuito de la dirigencia gremial que hacen sospechar que posiblemente en los meses subsiguientes, se conozcan posiciones muy bien definidas dentro del sindicato, cuando la Intervención encare la normalización general del gremio, que ya está presionando para el llamado a elecciones. Este silencio, obviamente que no ha caído bien en el gobernador, lo cual da paso a una duda más que válida a la hora de estimar los “riegos de esta movida política”, sobre qué pare del sindicato apoyará esta iniciativa y cuál no; y si en este sentido se generará un conflicto de intereses internos y políticos que, finalmente, afecte (nuevamente) la producción petrolera en Santa Cruz.

Desde España, mientras tanto, tanto el diario El Día, como El País han disparado fuertes críticas sobre el acto de Ramón Santos y consideran que lo actuado, tanto por el gobierno de Martín Buzzi como de Daniel Peralta, es el resultado de una política de presión ejercida por el gobierno nacional que no respeta las obligaciones contraídas con Repsol-YPF, catalogando a la Argentina como de “ alta inseguridad jurídica” para las inversiones extranjeras, explicando que “esto se venía venir”, a partir de las señales aportadas por los discursos de la presidenta Cristina Fernández y catalogando a esta acción de “hostigamiento empresario por cuestiones meramente políticas y necesidad recaudatoria”.