Con investigaciones basadas en las políticas públicas vinculadas con el desarrollo social de la República Argentina y el resto de los países latinoamericanos, IDESA se centra en el modelo Santa Cruz para advertir sobre las consecuencias previsibles de las políticas que se vienen aplicando a nivel nacional desde hace una década.

“Santa Cruz, además de sus potencialidades y riquezas, es la provincia más beneficiada por las ayudas que discrecionalmente distribuye el Gobierno nacional. Aún así, no pudo eludir la crisis fiscal”, señala crítico el informe basado en los datos del último censo nacional en cuanto al empleo, pero además, en las informaciones por las que trascendió últimamente Santa Cruz, por una grave crisis financiera, y un intento de ajuste oficial frenado en diciembre por la reacción de los trabajadores.

Para IDESA, “la cuestión básica no es de naturaleza ideológica, como parecen sugerir las pujas entre distintas facciones del oficialismo, sino reconocer que al estatismo exacerbado le sigue fatalmente el ajuste”, dice sobre la situación de Santa Cruz, luego de que el Poder Ejecutivo de la provincia propusiera tratar en la Legislatura un plan de emergencia para reducir el gasto público y atenuar el fuerte desequilibrio previsional.

“A esta instancia se llega luego de décadas de acumular déficits fiscales”, dice el informe y agrega, “la primera provincia que cae en crisis sea la que fue administrada por el matrimonio presidencial, tenga abundantes recursos económicos y sea la jurisdicción más beneficiada por la distribución discrecional de fondos nacionales”.

Para IDESA, “no menos llamativo es que, (Santa Cruz) desde hace décadas, viene aplicando el esquema de políticas que se aplican a nivel nacional”, y advirtió que “cuando emergen las crisis, se multiplican las argumentaciones ideológicas, en este caso potenciadas por las maniobras políticas entre diferentes fracciones del oficialismo”.

Por el contrario señala que “la necesidad de un profundo ajuste en Santa Cruz responde a razones simples y objetivas: el manejo sistemáticamente poco responsable del sector público”, y en este contexto señala como ejemplo concreto “el exceso de empleo público”.

Al respecto, resalta datos del INDEC que observan que “para el promedio del país la población económicamente activa (PEA) asciende al 47% de la población de los cuales el 7% está desempleado”, mientras que “en la provincia de Santa Cruz la población económicamente activa (PEA) equivale al 48% de la población de los cuales sólo el 2% está desempleado”.

Siguiendo con las comparaciones “mientras que para el promedio del país el empleo público es 17% de los ocupados, en Santa Cruz el empleo público llega al 41% de los ocupados”, y que en este concierto de datos oficiales, “el mercado laboral de Santa Cruz se sostiene gracias a la masiva contratación de empleados públicos”. Así advierte que “aunque la provincia tiene muchas potencialidades para el desarrollo de actividades productivas, 4 de cada 10 ocupados es empleado por el Estado”.

El informe interpreta que “si la generación de empleo público en la provincia de Santa Cruz fuera similar al promedio nacional, la tasa de desempleo no sería del 2% sino del 26%”. O dicho en otras palabras, “Santa Cruz sufre un severo desequilibrio laboral y social escondido debajo de la alfombra del empleo público”.

Sistema previsional

Un párrafo aparte dedica el informe de IDESA a lo que sucede con el sistema previsional nacional, considerando que, “con la estatización del régimen de capitalización, no sólo que el Estado se apropió de los fondos previsionales, sino que dio pie a una masiva generación de regímenes especiales, es decir, grupos de trabajadores con suficiente capacidad de presión como para lograr la sanción de leyes que les permite jubilarse en condiciones más ventajosas que el resto”.

Evalúa que “esto colisiona con la dinámica demográfica, el equilibrio financiero y genera grandes inequidades” y cree no exagerar al afirmar que “a nivel nacional, con la creación de estos regímenes especiales, se está generando un desequilibrio financiero que va a obligar en el futuro a imponer una reforma previsional en la orientación de la que hoy se discute en Santa Cruz”.

Advierte más adelante que “cuando llegue el ajuste, seguramente se le dará una explicación ideológica, a lo que en realidad es el resultado de la demagogia, la mediocridad, los privilegios y el manejo irresponsable”, y concluye en que, “ni expandir el gasto público en función de intereses personales es una estrategia ‘de izquierda’, ni aplicar un ajuste ante una crisis terminal es una estrategia ‘de derecha’, sino que ambos son síntomas de falta de profesionalismo, honestidad y visión estratégica en la organización del sector público”.