“No es algo muy complejo y teniendo en cuenta que el fallo fue unánime no se puede demorar mucho”, insistió en la explicación la fuente tribunalicia consultada.

De lo que resuelva el STJ, en caso de rechazar la apelación y que la intendente no recurra en queja a la Suprema Corte de Justicia, la cuestión activará el plebiscito para que los vecinos de Santa Ana voten si están de acuerdo o no con lo dictaminado en la justicia. Así lo establecen dos artículos de la constitución provincial tras la reforma de 2007, luego de agotada la vía judicial siempre que Escalante no acuda a la Corte nacional, “desde el momento en que la apelación es rechazada corre el tiempo para convocar el plebiscito”, agregó la fuente judicial.

Hasta allí la cuestión jurídica que da lugar a lo político, la oposición a Escalante, los ediles Laura Cabrera (PL) y Fernando Gómez (PJ), quieren ir a las urnas y temen que la jefa comunal lleve la apelación a la Suprema Corte para demorar el llamado a consulta vinculante y obligatoria. Los concejales fueron los que impulsaron el juicio político a comienzos de año y quienes a lo largo de todo 2010 pidieron rendiciones de gastos a la alcalde sobre determinados periodos de gobiernos. Solicitudes que nunca fueron contestadas por Escalante.