El máximo tribunal rionegrino denegó el recurso de casación que había sido interpuesto por los abogados Carlos Dvorzak en representación de Sansuerro, y Gabriel Perez en representación de Iturburu. De esta forma quedó en firme el pronunciamiento en primera instancia por el cual ambos quedaron procesados y con prisión preventiva.

El voto rector del fallo correspondió al vocal del STJ, Enrique Mansilla, quien sostuvo en sus considerandos que “en orden al planteo nulificatorio traído a esta instancia por la defensa de Sansuerro, adelanto que el remedio intentado carece de la debida fundamentación legal y comparto lo sostenido por el a quo al momento de dar tratamiento al planteo en estudio. En autos se observa que Sansuerro concurrió a indagatoria en tres oportunidades, previamente al dictado del auto interlocutorio cuestionado, de modo que no se verifica que el señor Juez de Instrucción tenga una actividad jurisdiccional tendiente a obstaculizar el derecho de defensa del prevenido”.

Remarcó luego que “es bueno agregar que ya la Cámara en lo Criminal, al actuar en grado de apelación, ordenó al instructor que, devueltas que fueran las actuaciones principales, le recibiera declaración indagatoria al imputado”.

Resaltó este aspecto al señalar que antes del dictado del procesamiento y prisión preventiva, “ambos imputados contaran –reitero- con tres oportunidades concretas de ejercer el derecho de defensa”.

“En lo que hace a la prisión preventiva, la proporcionalidad de la medida en función de los riesgos procesales surge evidente al verificar elementos objetivos del trámite, analizados, insisto, a la luz de la doctrina legal de este Cuerpo” sostuvo el fallo.

De esta forma, tanto Iturburu como Sansuerro deberán seguir encarcelados hasta tanto se sustancie el juicio que por estafas se viene desarrollando.

Ambos están procesados por un total de 103 hechos de estafa en el caso del plan de viviendas de 167 unidades habitacionales, y en otros 15 casos de estafa en el caso del plan de 20 viviendas, estas últimas ubicadas entre calles 25 de mayo y el Canalito, a metros de la avenida San Juan.

Del otro plan, el de 167 viviendas, solo hay construidas la mitad, en tanto que desde el gobierno provincial se articulan acciones para poder completar la totalidad de las casas de ese plan. Allí habría más de 600 inscriptos mediante la maniobra que ahora se investiga, con una evidente sobreventa de lotes.

Entre los puntos que se evaluaron para ratificar la prisión preventiva a Sansuerro e Iturburu, el STJ validó las amenazas realizadas a inscriptos por parte de los imputados en cuanto a que se abstuvieran de hacer denuncias ya que sino no serían incluidos en los listados de adjudicatarios de las tan anheladas casas. “Recuérdese que no han sido pocos los casos donde les han dicho que si hacían la denuncia se verían perjudicados en la asignación de la vivienda o terreno que pudiere corresponderle, lo que demuestra una clara actitud de entorpecer el accionar judicial” sostuvo el juez Mansilla en su fundamentación.

“A esta conducta, que muestra la primigenia intención de obstaculizar el curso de la investigación penal, agregaré que la lejanía del domicilio de Sansuerro con las víctimas no le habría obstaculizado realizar las maniobras fraudulentas, por lo que no veo por qué no podría también sortear este obstáculo geográfico para asegurar su impunidad” indicó.