La reforma del Código Procesal Laboral, el último que resta ser modificado dentro del plan del Poder Judicial en Cambio, podría llevar un poco más del tiempo previsto por la Cámara de Diputados y ser aprobado recién el próximo año. Así lo deslizaron a EL LIBERAL algunos legisladores que ayer participaron de un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio e Industria y de las Estaciones de Servicio.

Tras este encuentro con la patronal, las comisiones que analizan la norma se abocarán al trabajo interno en búsqueda de unificar criterio ante las distintas ponencias que escucharon de todos los actores, y de donde surgieron coincidencias y disidencias.

Ello, con relación a algunos aspectos como la implementación de una instancia única o doble instancia –tal como surgen de los dos proyectos que se analizan-, o el plazo que estipula el instituto de Caducidad (tiempo máximo que se tiene para iniciar una demanda judicial) y con el que disiente la parte gremial. La prioridad es alcanzar una norma que tenga los máximos consensos posibles y que su aplicación no genere dificultades o planteos futuros.

“Tenemos la intención de hacerlo hasta fin de año y la idea es conseguir los máximos consensos, si no se dan no hay nada que urja a sancionar una norma que pueda ocasionar planteos hasta de inconstitucionalidad. En razón de eso, si bien es cierto que la posición del bloque es terminar su tratamiento este año, no sería extraño que pudiera pasar al año que viene”, manifestó Humberto Juárez, titular del bloque del Frente Cívico.

Para Sandra Generoso, vicepresidenta del bloque, todas las cuestiones planteadas están previstas en el nuevo código. “Lo que pasa es que las distintas partes sientan posición en determinados temas y lo que tratamos es de buscar un punto que acerque lo más posible a las partes”, reflejó la legisladora, quien sostuvo que con la reforma se pretende una justicia laboral más ágil y con criterios más unificados que garantice los derechos de trabajadores y que a la vez dé seguridad jurídica a los empresarios.

Por su lado, Gabriela Ortíz (PJ) sostuvo que la ley debe garantizar principios puntuales: “La gratuidad en el acceso a la Justicia para el trabajador, que no se implantarán institutos del Derecho Civil porque el Derecho Laboral tiene una naturaleza distinta, específica”. Además, consideró que el mayor mérito de la reforma estará en delimitar y reasignar las funciones específicas de los jefes de despacho, prosecretarios, y cargos a crear como los secretarios.

Ante el debate sobre la aplicación de la instancia única o doble instancia y las posibilidades económicas, Ortiz juzgó conveniente dotar de mayores recursos a la Dirección General de Trabajo, que es el organismo de control de la provincia y que tiene presencia en todos los departamentos. Señaló que la intervención de este órgano con todas sus facultades - recibe todos los reclamos de tipo administrativo en temas de incumplimientos laborales- puede coadyuvar a que se produzcan menos litigios