VIEDMA (AV).- La Legislatura postergará el tratamiento del proyecto que busca más financiamiento para terminal la central hidroeléctrica de Salto Andersen. El bloque oficialista consideró que falta información técnica para avanzar en la autorización al gobierno de Miguel Saiz para que formalice un esquema de financiamiento por 54 millones de pesos.

La explicación a los legisladores radicales de parte del presidente del DPA, Horacio Collado, no fue convincente. Incluso algunos sumaron dudas. Esa reciente reunión fue determinante para que el bloque -que preside Adrián Casadei- decida demorar su tratamiento, que el gobierno de Saiz requería con urgencia.

En declaraciones periodísticas, Collado comentó recientemente que si la aprobación se demora demasiado, "habrá que parar la obra".

La posibilidad de un rápido análisis fue admitida por el presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, Adrián Torres. El legislador había anticipado que "seguramente se incluiría en la próxima sesión". Pero no será así. El proyecto no figurará en la reunión parlamentaria del próximo jueves. No está ni en los temarios de las comisiones que se reunirán durante la próxima semana.

Días atrás, Collado pidió por la celeridad del trámite. Afirmó que la ejecución de Salto Andersen está en un 85 por ciento y se prevé que la primera usina estará en marcha "a mediados de noviembre".

–¿Hay urgencias por la aprobación en la Legislatura? –lo consultó "Río Negro".

–Fue remitida con acuerdo de ministros, para su rápido tratamiento. Si, se demora mucho, habrá que parar la obra, no será la primera vez –advirtió.

Cuando se le preguntó por las demoras anteriores, Collado comentó que se dieron por distintos motivos. En el inicio, la obra se atrasó "unos ocho meses" porque aparecieron "cartuchos de dinamitas" de los proyectos anteriores y, después, se dio una falta de pago de la provincia, que originó otras demoras por tres meses. "Los únicos atrasos motivados por la empresa son seis a siete meses", manifestó Collado, asegurando que existieron "sanciones".

El proyecto enviado por el Ejecutivo pide la autorización para un financiamiento por 54 millones. Luego, en conferencia de prensa, Collado adelantó que el monto se reduciría a 50 millones porque el DPA había cancelado parte de los trabajos presupuestados.

En la bancada radical, la superficialidad del relato de Collado fue concluyente. No faltaron las críticas y las observaciones de los legisladores. La sensación final fue que se requería mayor información y seguridad para afrontar la defensa de un proyecto, con fuertes cuestionamientos públicos.