Según reza el artículo en cuestión, hoy vigente, “en toda urbanización corresponderá que se realicen, a cargo del propietario urbanizador, obras de redes subterráneas de energía eléctrica y alumbrado público, agua corriente y cloaca”. La iniciativa pretendía que el Estado quede eximido por dos años de la realización del cableado subterráneo y opte, por cuestiones económicas, por el aéreo. El edil consideró que “son las empresas y no el Estado quienes deberían llevar adelante el trabajo. Hoy, según datos del Instituto Provincial de la Vivienda, las instalaciones eléctricas subterráneas tienen un valor del 16% del total de una vivienda”, explicó Poma. De esta manera, para el edil, la cantidad de viviendas que se podrían realizar sería mayor si se omitiera ese gasto. Por su parte, y en la misma dirección, el concejal Martín Avila explicó que “el artículo 293 tiene un tinte neoliberal, porque las empresas deberían ser las encargadas del cableado subterráneo, pero lo tiene que hacer el Estado”.

Lo cierto es que, para muchos ediles, el proyecto tuvo una defensa débil y apresurada, ya que los mismos autores de la iniciativa dejaron sin quórum la sesión ante los incisivos cuestionamientos que plantearon los ediles opositores. Incluso, la jefa del bloque del PJ, Frida Fonsecas, manifestó su disconformidad respecto al modo en que la propuesta llegó al recinto, ya que careció de fundamentos técnicos y, además, por haber omitido pasar por la Comisión de Legislación General, dado que salió directamente desde Obras Públicas. La edil de PO, Gabriela Cerrano, sostuvo que “se trata de una medida de ajuste encubierto. El Estado tiene que cumplir las normas y no enmascararlas con ideas de este tipo”. Angela Di Bez (SST) también cargó contra el proyecto, al considerar que “Salta se ubica en una zona sísmica, con fuertes tormentas. Esta idea, no garantiza calidad de vida al propietario de una vivienda social que viva con los cables en el aire”