La ejecución de siete salteños a manos del narco en lo que va del año, amenazas y atentados a jueces y fiscales, la confiscación de proyectiles en cantidades que revelan gran poder de fuego, el crecimiento cuantitativo de los secuestros de cocaína y la inserción del narcotráfico en los sectores más pauperizados de la sociedad, parecen no alarmar a quienes deberían prever las condiciones que estos hechos determinarán en el futuro de los salteños. Refuerzan hipótesis que circulan en informes de organismos de seguridad internacionales respecto a las nueva estructuras transnacionales que proponen las organizaciones criminales. Luego de una excesiva acumulación de capitales, armas y poder, avanzan sobre el continente en busca de nuevos mercados y alianzas territoriales. Y Salta en su extensión, como sucedió históricamente, es un paso inevitable.

Fundada como “puerto seco” para que el comercio de la zona andina -especialmente la plata del Potosí- llegase a los puertos del sur, Salta siempre fue un nexo de caminos. Son las mismas rutas comerciales que interrumpió Güemes con su guerra de guerrillas y que finalmente le valieron la vida y los planes de emancipación de José de San Martín. Con cientos de kilómetros de frontera -que en muchos tramos se desdibujan-, con Bolivia, segundo productor mundial de coca, Salta se inscribe en la ruta comercial del nuevo producto andino generador de riquezas: la cocaína.

Un reciente informe del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, señala que los cárteles mexicanos, en contubernio con organizaciones locales, pasaron a manejar el negocio ilegal de las drogas en la región andina. “Aquí hay algo muy claro: en vez de dejar que grupos intermedios negocien, los narcos mexicanos ya están con las manos en la masa”, asegura Bruce Bagley, presidente de la entidad, al periódico mexicano “El Universal”.

Concentración de capitales

El proceso atravesado por los cárteles de la droga en México ha producido más muertes que la guerra de Irak e Irán. Muchas de ellas horrorosas, para “ejemplificar” a la sociedad. Como indica el investigador Ioan Grillo, se trata de una nueva insurrección en contra del Estado. En México la disputa por el control de los territorios se libra entre ocho cárteles, que consolidaron sus proyectos de expansión y se convirtieron en grupos organizados transnacionales. La concentración de sus capitales ha superado a lo que pueden ofrecer los mercados de México y EEUU, obligándolos a expandir sus alianzas con 16 países del hemisferio. Un informe de la Procuraduría General de México revela que es el cártel del Pacífico quien tiene la hegemonía. Este grupo expandió su presencia a Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Perú, Argentina, Chile y Venezuela. Los Zetas están en Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, Bolivia, Honduras, Argentina y Brasil. Mientras que el cártel del Golfo opera en Belice, Costa Rica y Perú. El cártel de los Arellano Félix se encuentra en Estados Unidos y Perú; el de Juárez aparte de los EEUU, mantiene alianzas en Colombia, Honduras, Costa Rica y Panamá, y ha llegado a Argentina. El grupo de “Los Caballeros Templarios”opera en EEUU. El cártel de La Familia Michoacana tiene ramificaciones en EEUU, Colombia, Costa Rica y Guatemala. Los Beltrán Leyva sostienen su red en EEUU, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia.

Es interesante leer el reportaje “La república marihuanera”, premio Rey de España 2012, de Dalia Martínez Delgado y Humberto Padgett, que describe muy bien la realidad de estas “naciones dentro de naciones”. Similar, aunque en estado embrionario, a lo que cuenta el fiscal Luis Bruno, del juzgado federal de Orán, en un reportaje de Robustiano Pinedo para El Tribuno, en septiembre de este año.

Un escenario complejo

Son las organizaciones que en los años 60 y 70 encabezaron luchas armadas con diferentes tintes sociales las que aprovecharon su poder de fuego y la clandestinidad de sus miembros para buscar la financiación de sus actividades mediante la explotación de las drogas, en especial de la cocaína. Una sustancia cuyo vegetal precursor guarda un valor simbólico para la cultura andina y es considerada un “arma contra el opresor” (ver: “La leyenda de la coca”, relato tradicional). Observamos que grupos armados como las FARC, Sendero Luminoso y MRTA, han asumido el control del negocio. En nuestra zona de influencia, operan algunos de ellos, como el Partido del Pueblo Paraguayo que ha cometido secuestros y asesinatos cercanos a la frontera tripartita de Salta.

El escenario se complica con los reclamos de presencia de la DEA en la zona, una base militar de EEUU en Comandante Estigarribia en Paraguay, y en Formosa, Argentina. Recientemente la ONU anunció la creación de una oficina contra la trata de personas en Yacuiba, en Bolivia, contra la frontera salteña. A la sazón, Yacuiba fue considerada en 2011 como la ciudad más violenta de Bolivia, con 40 asesinatos cruentos en una población de 150 mil habitantes. Sin embargo, el Ministerio de Defensa argentino decidió retirar al 90% del personal de Gendarmería de Salvador Mazza, alejándose unos 20 kilómetros de la línea fronteriza.

La construcción de respuestas

Aunque no estaba en la agenda de la última reunión de la OEA en Cartagena, los presidentes sudamericanos probaron la reacción de EEUU ante la opción de legalizar las sustancias ahora prohibidas, para que pudieran ser reguladas por los Estados y de esta manera arrebatarles el negocio a las poderosas organizaciones criminales.

Hasta el mismo presidente anfitrión, Juan M. Santos, hizo mención al tema. Como Galo Chiriboga, fiscal general de Ecuador, para quien “la represión no ha dado resultados: tenemos un crecimiento constante del negocio de las drogas. Si hoy atrapan a un vendedor, mañana lo han reemplazado otros dos más”.

Sin embargo, no se logró ningún consenso al respecto. En una guerra desigual, las fuerzas de seguridad latinoamericanas tienen poco entrenamiento y equipo, mientras los cárteles cuentan con aviones, lanchas, barcos y hasta submarinos. Para el general Douglas Fraser del Comando Sur, “simplemente no hay capacidad”.

La Ley de Derribo en América Latina

Solo Chile, Colombia, Brasil y Perú cuentan con una ley de derribo. Se trata de un protocolo aplicado a un avión que entra a los límites nacionales sin autorización y el piloto no se identifica. Si desoye la orden de aterrizar, puede ser derribado. En Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Paraguay, se debatieron iniciativas de leyes de derribo, que pueden encontrar oposición de Estados Unidos, país promotor del Convenio de Chicago, que prohíbe a los países firmantes derribar aviones civiles.

Paraguay

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, Miguel Christ Jacobs, aseguró que urge una ley para combatir vuelos irregulares, “hoy incontrolables y numerosos en el espacio aéreo”. Dijo que no se puede estimar la cantidad de estos vuelos por carecer de un sistema de vigilancia. La FAP está en condiciones de interceptar aviones sin autorización, pero que faltan normativas. Y abogó por fortalecer los dos radares tácticos móviles ubicados en Luque y en Mariscal Estigarribia, Chaco.

Bolivia

El comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Tito Gandarilla, señaló la necesidad de aprobar la ley de derribo para fortalecer el combate contra los vuelos irregulares que transportan grandes cargas de estupefacientes. También pidió la radarización del territorio boliviano. Los aviones K-8, adquiridos a China para combatir al narco, aún no han sido puestos en funciones ya que sus tripulaciones están en pleno proceso de especialización.

Chile

El Gobierno de Chile anunció la compra en 2013 de tres aeronaves Cirrus SR-22 destinadas al Plan Frontera Norte para la vigilancia de 192 pasos fronterizos ilegales con Argentina, Perú y Bolivia (1.335 kms de frontera). Son aviones de vigilancia diurna y nocturna. Carabineros poseerá vehículos equipados con cámara de 360º y armamentos. También se comprarán radares fijos y sistemas de vigilancia costera. El plan estará a pleno en 2014. Demandará más de 70 millones de dólares.