Salta

En la sede del Consejo de la Magistratura se realizó el sorteo, por bolillero, de los miembros de los representantes de los Jueces y de los funcionarios del Ministerio Público, que integrarán la Junta Electoral que actuará en el proceso para la renovación de los miembros del órgano provincial de selección de magistrados y funcionarios.

Ante el conocimiento de los hechos, el 7 de octubre pasado las autoridades del INAI, enviaron al presidente del IPPIS, Ernesto Killo, y al subsecretario de Pueblos Originarios de la provincia, Enrique Rojo, una nota en la que piden que en no más de 7 días remitan "un informe exhaustivo acerca del accidente mencionado, remitiendo todos los antecedentes judiciales y extrajudiciales que estime pertinentes y los motivos por los cuales no fue informado este Instituto Nacional del grave y lamentable hecho ocurrido hace mas de nueve meses".

El ex gobernador de la Provincia y actual senador nacional justicialista, Juan Carlos Romero, sólo declararía en forma voluntaria en la instrucción de la causa en la que está imputado como autor mediato del delito de peculado por la venta de las 90 hectáreas del programa Familia Propietaria, que tras varios traspasos terminaron en 2009 en propiedad de la empresa Estancia El Carmen, dirigida por su hijo.

Ayer, Felipa González, denunció que la ambulancia del Centro de Salud de San Lorenzo se demoró una media hora, porque según lo indicaron en esa entidad, el vehículo no estaba y debían, por lo tanto, enviar la ambulancia desde Salta Capital.

El especialista en Hidrogeología, docente y ex decano de la Facultad de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Salta (UNSa), Guillermo Baudino, aseguró que la ley provincial de Ordenamiento Territorial de la provincia "tiene una contradicción flagrante con la Ley Nacional, ya que no surge de un proceso participativo sino de las necesidades de ampliación de la frontera agropecuaria, de los intereses económicos representados por algunos legisladores provinciales".

Ricardo Reyna no negó tener problemas particulares con la firma denunciada por la lucha que sigue por la posesión veinteñal de sus tierras, que se encuentran dentro de estas tierras. Mientras, la firma ya tendría autorización para realizar el desmonte en unas 17.500 hectáreas de la finca Buen Agua.

Ricardo Reyna, quien habita en uno de los puestos que se encuentran en la zona rural de JV González, denunció que desde hace aproximadamente 8 meses se mantienen cerrados caminos vecinales que anteriormente servían a los chicos de distintos puestos para llegar a la escuela ubicada en el Puesto de Santa Victoria. Según su denuncia, los caminos fueron alambrados por quienes manejan la finca Buen Agua, las empresas de agronegocios As de Espada SA y Zed SA.

Mal manejo de los fondos y uso indebido de los elementos brindados por el Estado nacional para hacer el relevamiento de las tierras que ocupan comunidades indígenas, son situaciones que surgen de un informe preliminar realizado por personal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ante las demoras que se detectaron al momento de solicitar los informes del relevamiento de tierras indígenas, trabajo enmarcado en la Ley Nº 26.160.