La Cooperativa de Provisión Transporte de Azul Ltda. deberá afrontar una causa judicial por romper silobolsas, tirar clavos en los campos y amenazar de muerte a productores que no contratan sus servicios. La investigación por coacción y violación a la propiedad apunta contra ocho camioneros vinculados al líder de la CGT.
El año pasado La Política Online había advertido sobre los diversos casos de violencia, aprietes y amenazas por parte de un grupo de transportistas de la localidad bonaerense de Azul a productores de la zona por negarse a contratar sus camiones.
La cuestión es que en los últimos días se conoció que finalmente el juez Néstor Prado (Fiscalía General Número 6) decidió iniciar una causa judicial a ocho integrantes de la Cooperativa de Provisión Transporte de Azul Ltda.
El juez Prado abrió la investigación por delitos de coacción y violación a la propiedad privada contra Marcelo Oteo, Rodolfo Poushane, Claudio Guijón, Fabián Gómez, Claudio Barbalarga, Eduardo Carruccio y Juan y Walter Cosentino.
Oteo, quien es el titular de dicha Cooperativa, es un hombre fuertemente vinculado al líder de la CGT, Hugo Moyano, quien a partir del avance de la causa judicial le habría ordenado el cese de los distintos métodos de apriete a los productores.
En otras palabras, la Justicia de Azul decidió unificar en una sola causa las denuncias que recibió la Policía local por parte de los productores por roturas de silobolsas que contenían cereales y todo tipo de amenazas personales y telefónicas.
“Esperemos que este juicio siente un precedente para que no vuelvan a ocurrir este tipo de sucesos”, comentó a LPO un productor damnificado, cuyo camión fue interceptado en la ruta por un grupo de hombres armados que ordenaron vaciar la carga del vehículo.
“Yo trabajo con mi propio camión desde hace años, pero esta Cooperativa me obligó igualmente a contratar sus servicios abriéndome las boquillas, las puertas de los chasis y destrozando los neumáticos”, detalló el empresario consultado.
Por su lado, desde el Centro de Camioneros de Azul, se despegaron rotundamente de los casos violentos ocurridos y acusaron a los productores rurales de querer pagar siempre menos por el servicio de transporte de cosecha de granos.
“Nos presentaremos ante la Justicia para explicarle al juez que nosotros no tenemos nada que ver con estos hechos. Lo único que hacemos es defender el trabajo de los camioneros de Azul”, dijo a este medio el titular de la Cooperativa, Marcelo Oteo.
“Los productores contratan camiones provenientes de otras zonas del país para pagar en negro porque saben que nosotros no nos prendemos en ese tipo de prácticas”, disparó Oteo, y agregó que “no hay ninguna prueba para acusarnos de esos delitos”.
Una práctica habitual
Los casos de violencia y amenazas por parte de camioneros a productores agropecuarios vienen resultando un método bastante frecuente en las principales regiones productivas del país, sobre todo en épocas de cosecha.
En muchas localidades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos también se registran serios inconvenientes entre las partes ante la inacción de las autoridades locales que se muestran incompetentes para frenar los delitos.
Esto ocurre principalmente porque muchos productores deciden contratar camiones provenientes de otras zonas, los cuales resultan, en muchos casos, menos costosos. Ante este accionar, los camioneros reaccionan de esta manera “para defender su trabajo”.
En reiteradas oportunidades camioneros, productores y funcionarios acordaron priorizar la contratación de camiones locales, aunque, claro, resulta un tanto complejo avanzar legalmente sobre el derecho a la libertad de elección comercial de cada empresario.

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