Cuando el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Aníbal Fernández, trató de explicar por qué la Casa Rosada se mantuvo en silencio desde que Carolina Piparo, embarazada de ocho meses, fue asaltada y baleada en una sangrienta “salidera” bancaria en La Plata, su justificación fue elocuente. Tras la muerte de Isidro Buzali, el bebito nacido por cesárea y que, tras largas horas de agonía, no pudo sobrevivir, Fernández diseñó una peculiar argumentación, afirmando que el silencio inicial del Gobierno sobre el episodio fue “en contraposición a aquellos que pareciera esperaban la muerte de este pibe para hacer politiquería con el dolor ajeno”.

Repitió el mismo criterio que ya usó Néstor Kirchner en diciembre de 2004, cuando la tragedia de Cromagnon produjo 194 víctimas fatales. Recluidos en El Calafate, los Kirchner no vinieron entonces a Buenos Aires a acompañar y consolar a los familiares. Interpelados por los medios, dijeron no haberse acercado para no aprovecharse políticamente de aquella noche siniestra.

Tras justificar que el Gobierno siga sin reconocer públicamente al formidable problema de criminalidad salvaje que azota a la zona metropolitana, Fernández profirió el habitual libreto de vaguedades ideológicas sobre el tema, en línea con las simplezas impresentables con que desde el poder se suelen afrontar estos crímenes. Dijo que “el camino es profundizar al extremo políticas de prevención con inclusión social que nos permitan resolver el complejo problema de la inseguridad”. La verdad es que esas palabras de Fernández no significan nada.

Lo cierto es que la Justicia de La Plata adoptó la decisión de imputarles a los cuatro involucrados en el crimen de la “salidera” padecida por la embarazada Carolina Piparo, de 34 años, el delito de “homicidio triplemente calificado” por la muerte de su bebé de siete días. Si los responsables del delito son sentenciados por esta figura, la única condena posible es la pena de prisión perpetua.

Fue el juez de Garantías, el doctor César Melazo, quien resolvió esa medida, aceptando lo solicitado por el fiscal Marcelo Romero, para el que la causa debe llevar la carátula de “robo doblemente calificado por el empleo de arma de fuego en lugar poblado y en banda”; “tentativa de homicidio triplemente calificado por alevosía, con el concurso de dos o más personas y para asegurar los fines del delito precedente” y “homicidio triplemente agravado (por lo mismo que la tentativa)”. De inmediato, salió a apoyarlo el gobernador Daniel Scioli, interesado en que los autores del crimen reciban cadena perpetua.

El fiscal Romero sostiene que un informe preliminar de los médicos que le practicaron la autopsia al cuerpo del bebé determinarían que la causa de su muerte fue una “consecuencia directa” de las lesiones sufridas por su madre al ser baleada a quemarropa por los delincuentes.

Carolina fue atacada por criminales que se desplazaban a bordo de una moto el 29 de julio luego de retirar 10.000 dólares y 13.000 pesos de una sucursal platense del Banco Santander Río. La calificación judicial del crimen no es definitiva, ya que existe la posibilidad de que sea revisada por alguna de las instancias judiciales posteriores de apelación. Hay seis detenidos (dos de ellos sólo acusados de encubrimiento), un imputado libre (tesorero de la sucursal bancaria, sospechado de ser el “entregador”) y un prófugo (al que se sindica como “marcador”, identificado como Miguel Angel “Pimienta” Silva, procurado por la policía en el Gran Buenos Aires. Los cuatro imputados por el sangriento robo y ataque son Carlos Fabián Moreno, alias “El Pelado” (19), Carlos Burgos (18), Luciano López (19) y Juan Calvimonte (34), pero hay dudas sobre qué papel le cupo a cada uno.

Pero, al margen de las argucias seudo “garantistas” del Gobierno y del complejo proceso judicial que ahora se abre, la sociedad tiene derecho a plantearse maneras concretas y prácticas para atenuar al mínimo las posibilidades de nuevas “salideras”.

Aunque algunos opinen que no es tarea de periodista proponer soluciones, aporto aquí un puñado de sugerencias, derivadas de experiencias en otros países, análisis de alternativas y una pizca de sentido común. El mecanismo disuasorio principal debe ser la bancarización obligatoria de las operaciones que superen una cifra a precisar (digamos 10.000 dólares), ya sea por bienes raíces o vehículos. Para ello, una ley debe eliminar, o al menos reducir drásticamente el impuesto al cheque en esos rubros.

La Argentina es un país grotescamente monetizado. Todo el mundo anda con mucho dinero por la calle y hace transacciones en efectivo. Terminar con esto implica abaratar la operatoria bancaria (podrían dar el ejemplo los bancos Nación y Provincia, y el Ciudad en Capital Federal). Es cierto que sigue existiendo persistente confianza por los cheques sin fondo, pero eso no debe ser hoy obstáculo serio para evitar darle impulso a medios de pago no monetarios. En plena revolución digital, un vendedor puede saber en segundos si el cheque recibido tiene respaldo.

Los bancos líderes (pienso inicialmente en Santander Río, Galicia, Francés, el Citi, HSBC, Credicoop y Macro, entre otros) deberían reformular ya mismo sus instalaciones, asegurándole al cliente mayor privacidad y confidencialidad ante el cajero. Hoy la atención bancaria coloca al cliente en la bochornosa posición de ser una persona fisgoneada, escuchada y detectada por quien quiera. Ya en el plano operativo cotidiano, copiar la sabia experiencia brasileña: en San Pablo al menos nadie puede entrar con objetos metálicos a una agencia bancaria, ni tampoco con celulares encendidos, como sucede en los aeropuertos. Y copiar el ejemplo admirable de Bogotá: cascos y chalecos con el número de la patente de los motociclistas y estricta prohibición de que dos personas circulen a bordo de la misma moto en micro y macro centro. Estas medidas contra los motochorros han sido firmemente cuestionadas por el kirchnerismo y la izquierda. Alegan que son un “castigo” para los pobres.

En la Argentina, en esta materia somos permisivos y negligentes. Además, hace siete años que se nos viene reiterando que no hay que “criminalizar” la pobreza, ni “judicializar” la exclusión social. Lo que habría que hacer es pensar en Carolina Piparo y en su bebé Isidro.