No obstante, manifestó que “la medida del Gobierno Nacional es producto de un fallo judicial, como consecuencia de una denuncia presentada por un grupo de vecinos de Gualeguaychú”. Entendió que “no se puede estar desafiando permanentemente las decisiones judiciales de la Justicia Federal de Entre Ríos, la voluntad y el pedido del Gobierno Nacional e inclusive el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.

Consideró que “el Gobierno ha sido comprensivo al extremo, absolutamente contemplativo al respetar y comprender las posturas de la gente que decidía mantener el corte; jamás utilizó las presiones o la fuerza para desalojar”. “En más de una oportunidad se ha planteado la necesidad de avanzar en una solución que tenga que ver con el levantamiento del corte para que favoreciera el establecimiento de marcos de acuerdo con Uruguay y avanzar así en el objetivo claro que persigue Argentina con mucha firmeza, que es el de llevar adelante un monitoreo sobre la planta para demostrar que Botnia contamina y es ilegal”.

Acotó: “no comparto la utilización de la vía judicial para intentar resolver este conflicto; hace mucho tiempo que venimos debatiendo la conveniencia sobre las decisiones que se toman, y en verdad hemos llegado a un punto donde se ha generado una situación incómoda que genera cosas que uno no quiere vivir. Mas allá de la querella del Gobierno nos debemos dar un tiempo para pensar de qué manera resolvemos esto”.

Ratificó que él es “contrario al mantenimiento del corte porqué está demostrado que como protesta está agotado en sí mismo y no ha ayudado a la causa de la preservación del medio ambiente”.

En tanto, dijo: “pensaba que después del fallo de La Haya y tras el compromiso de los Presidentes Mujica y Fernández de Kirchner iba a haber un cambio de actitud de la Asamblea Ciudadana Ambiental; pero muy por el contrario, un sector ha endurecido su postura ratificando el corte y llevándonos a un callejón sin salida”.

Consideró que “el mantenimiento del corte de ruta afecta la posibilidad de alcanzar un acuerdo profundo y verdadero con Uruguay, en orden de lograr el monitoreo de la planta de Botnia”.

Respecto a los costos políticos que traería aparejada la decisión del Gobierno de presentarse como querellante, aseguró: “una decisión de esta trascendencia no se mide por costos políticos. El tema es complejo y complicado, y sería muy poco serio tomar medidas pensando en los costos políticos. No ando con las encuestas en la mano para ver si las cuestiones me favorecen en términos electorales. Seamos serios”.

Le da pena por algunas cosas; “por ejemplo, lo ví al doctor Luis Leissa en un programa de la televisión nacional dando explicaciones con argumentos que dejaban mucho que desear. Me dan cierta vergüenza las explicaciones que se dan ante la sociedad intentando defender situaciones que son indefendibles”.