La resolución, impulsada por los concejales Néstor Zalazar y Marta Melli, ambos de la UCR, surgió a partir de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia.
La resolución, impulsada por los concejales Néstor Zalazar y Marta Melli, ambos de la UCR, surgió a partir del fallo mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia declara la "inconstitucionalidad del inciso 5 del artículo 18 de la Ley 25.239 que facultaba a la Afip al embargo de bienes como medida cautelar".
Los concejales indicaron que "el fallo de la Corte sienta jurisprudencia y las leyes provinciales deben ajustarse a ese criterio".
El citado accionar "agrava el derecho de legítima defensa y quebranta el orden constitucional".
"La autonomía que detenta Arba no incluye la facultad para atribuirse la capacidad de instrumentar embargos, inhibiciones o cualquier otra medida sobre bienes a cuenta del deudor sin autorización judicial previa", explicó el doctor Zalazar.
"La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, por medio de la circular del 17 de junio de 2010, ha realizado el reclamo para que Arba se ajuste al fallo del Tribunal Supremo de Justicia."
Aprobado el proyecto, el doctor Zalazar propuso enviar copias de la resolución a la Cámara de Comercio de Saladillo y a la Unión Industrial de esta ciudad.
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