Como anticipamos desde La Tecla, en Saladillo explotó la furia. Es que de los 14 ediles que cuenta el HCD, 9 estarían inhabilitados para ejercer su cargo. En este informe, analizamos la situación de las inhabilidades cada uno de los ediles y detallamos la información que se presentó a la Comisión Investigadora
La Ley Orgánica de los Municipios bonaerense declara que los representantes del pueblo, ni funcionarios pueden mantener negocios, vínculos comerciales, ni ser proveedores de servicio alguno, al propio municipio.
El caso que estos ediles cuestionados tienen trabajos que de alguna manera se relacionan con el Ejecutivo municipal. Uno está acusado de tener vinculación con un contrato de locación de una propiedad en donde funciona la Fiscalía local, otro es el dueño de la única empresa de ambulancia local, lo que implica que el área de protección urbana (accidentes de transito, emergencias sanitarias en la vía pública) son de su incumbencia. Otro caso, desde antes que asumiera el cargo, el esposo de una concejal es constructor que a su vez provee a la municipalidad. Otros aseguran que trabaja para una constructora que supuestamente licitó obras vinculadas al Plan de Vivienda en Saladillo. Y la lista continúa.
La realidad es que muchos de los ediles son los únicos proveedores que se encuentran en la región y otras opciones implican abrirse a un radio de más kilómetros.
El último lunes, a la noche, se reunió la Comisión de Investigación, que buscará recomponer de alguna manera la situación institucional en el HCD Saladillo.
La Comisión determinó llevar los antecedentes de cada una de las inhabilidades de los ediles al Tribunal de Cuentas, en la Asesoría General de Gobierno y se estableció un plazo hasta el 8 de julio para agregar todos los elementos de prueba que respalda cada caso de cada uno de los concejales.
En el informe presentado por el Bloque Unión PRO, señala que a partir de la cesión sobre el análisis de la última Rendición de Cuentas se puso en discusión la relación entre el concejal y presidente del bloque radical, Jorge Osvaldo Negri, y la empresa proveedora Bruno Construcciones S.A., en la que se sospecha que ha sido favorecida en distintas decisiones de la gestión municipal y en la que hay, además, otros concejales que han trabajado y trabajan para la Empresa.
También se han encontrado órdenes de pago en la rendición del año 2009, a nombre del Sr Lissalde Jorge Alberto, médico obstetra, el que se registra con el número de proveedor 698, quien resulta ser hermano de Lissalde Ricardo, presidente del Bloque Unión Pro.
Otra edil del mismo bloque es Zulema Beatriz Dalmazzo, también cuestionada por inhabilidad, ya que desde el 2007 se desempeña como empleada administrativa en el área de tesorería de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Otros Servicios de Saladillo Ltda.
El Concejal Marcelo Tomatti, trabajó para la firma comercial Bruno Construcciones S.A., en el que se registra como proveedor municipal número 64, del cual se hallan pagos efectuados durante la rendición de cuentas del año 2009.
La edil Adriana Mabel Rivanera, también se registra como proveedor municipal número 53, del cual se hallan pagos efectuados durante la rendición de cuentas del año 2009.
Asimismo, es de conocimiento público y notorio en la zona, que el concejal Néstor Edgardo Salazar, sería uno de los dueños de UDEM S.R.L., inscripta como proveedor municipal 259, de la cual se hallan pagos efectuados durante la rendición de cuentas del año 2009.
Figura en las ordenes de pago del año 2009, desembolsos efectuados a nombre del proveedor municipal que se registra con el número 25, Pedro Manuel Labernia, el que resultaría ser hermano de la concejal María Cristina Labernia.
También figuran, en ese mismo año, desembolsos efectuados a nombre del proveedor municipal que se registra con el número 73, Oscar Amilcar Savone, que resultaría ser esposo de la Concejal María de Gracia Robles Alaes.
Otro proveedor municipal que se registra con el número 700 es María Alejandra Lorden, médica, la que resultaría ser esposa del presidente del Concejo Deliberante de Saladillo, Alejandro Pablo Miguel Armendáriz.
El próximo paso, es investigar si lo que presentaron ante el Tribunal de Cuentas es realmente lo que declararon o hay algo más.
El caso es delicado, ya que podría llegar a inahibiltar a la mayoría de los ediles que conforman el Deliberante generando, en consecuencia, una crisis en el gobierno municipal de Gorosito.
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