A la presentación de Rodolfo Rodrigo, Raúl Ochoa y Enrique Mansilla de Bariloche; los roquenses Sergio Barotto y Richar Gallego se sumaron ayer el cipoleño Edgardo Albrieu y Marcela Basterra, propuesta por el gobernador, Miguel Saiz.

La única mujer en la nómina es magíster en derecho constitucional y derechos humanos. Fuentes oficiales indicaron ayer que tiene residencia fijada en Jacobacci, cumpliendo con la exigencia constitucional mínima de dos años para la postulación para el cargo.

Al margen de las postulaciones oficializadas ayer, se mantienen las dudas sobre la continuidad del proceso de selección, teniendo en cuenta el amplio abanico de sectores que reclamaron a Saiz que se posterguen los plazos hasta que asuma el nuevo gobierno.

A este sector se sumaron ayer los propios Carlos Soria y Alberto Weretilneck, quienes enviaron una carta a Saiz en la que consideraron que "resultaría cuanto menos chocante y hasta sospechoso que un sector que ha sido derrotado en las urnas hace algunos días avance en la designación de un vocal del STJ, la conducción de uno de los Poderes del Estado, apelando a prerrogativas que podrán ser legales pero que carecen de legitimidad social necesaria en todo acto de gobierno".

El mandatario les contestó ayer mismo, destacando que "no está en manos del presidente del Consejo (de la Magistratura) tomar decisiones en forma de manifiesta ilegalidad".

Cabe recordar que la convocatoria inicial prevé que luego de la publicación de la nómina y la apertura del período de impugnaciones, el 30 de octubre se realice la audiencia pública con los postulantes, para que el 4 de noviembre se reúna el Consejo de la Magistratura "grande" y lleve adelante la votación.

Sin embargo, ante los pedidos recibidos, el gobierno decidió ayer enviar telegramas a los 24 consejeros para que rectifiquen o ratifiquen este proceso eleccionario.

Si la posición mayoritaria es seguir adelante, quien quedaría sin posibilidades de llegar al STJ es el juez penal de Bariloche, Martín Lozada. El magistrado contó con el respaldo de numerosas organizaciones sociales de la provincia, pero sólo la legisladora de la CC-ARI, Magdalena Odarda, lo postuló formalmente para cubrir la vacante.

Las normas vigentes en la provincia establecen que para ser admitida, una postulación debe ser formulada por el gobernador o contar con el aval del 25% de los consejeros, es decir 7 adhesiones, cifra que Lozada no alcanzó.