El Concejo Municipal daría el aval al proyecto de la nueva central de micros con ayuda de la empresa de casinos.
El curioso proyecto agrega la exigencia de que esa inversión sea considerada por el gobierno provincial como requisito suficiente para extender por diez años el contrato del casino, a partir de 2017.
Los concejales consultados aseguraron que tienen los votos suficientes para aprobar la declaración en la próxima sesión y que el propósito es cumplir con una demanda del gobernador Miguel Saiz, que lo puso como condición para otorgar la prórroga en favor del casino.
De hecho el proyecto tiene ya cinco firmas y le hace falta sólo un voto más para conformar la mayoría necesaria.
El texto propuesto bien puede ser leído como una abierta acción de lobby de los concejales en favor de una empresa particular interesada en asegurarse un negocio hasta 2027, que no tiene interés público alguno.
Pero algunos ediles sostienen que la construcción de la terminal sí es un emprendimiento de interés para la comunidad y si fracasa la propuesta de Entretenimientos Patagonia no sería fácil encontrar otro inversor.
El concejal Claudio Otano señaló la importancia de que tanto el lugar para la terminal (sería en tierras del empresario Luis Puenzo) como el acuerdo con EPSA queden definidos antes de fin de año.
Explicó que la declaración puede parecer "sobreabundante", pero no apunta a otra cosa que "consolidar la obligación del inversor con un instrumento legal".
En realidad, responde a un pedido de la concesionaria del casino, que en una nota dirigida al intendente Marcelo Cascón y al mismo Concejo solicitó la declaración de interés público para la inversión proyectada, que rondaría los 6 millones de dólares.
"Requerimos de ese departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante, porque así nos exige la autoridad provincial, sea dicho emprendimiento declarado de interés público para la ciudad de San Carlos de Bariloche", reclamó el casino a comienzos de octubre.
El concejal Daniel Pardo (PPR) figura como uno de los autores, pero reconoció que la redacción del artículo 2 de la declaración (el que ata la inversión a la prórroga del contrato del juego en favor de EPSA) es algo confuso y merece una revisión.
Dijo que el objetivo de los ediles es evitar más dilaciones "dada la importancia de la terminal" para la ciudad. "Si el casino renueva o no su contrato no nos interesa –sostuvo–, pero lo que queremos es no perder el inversor".
A pesar de la premura, hay muchas cosas que no están claras. En los fundamentos del proyecto de declaración los mismos concejales señalan que la voluntad de la empresa del casino es "respetar el poder de policía municipal" sobre la terminal. Otano reconoció que es una obviedad innecesaria.
Además, subraya el texto que el casino se compromete a dar continuidad a los contratos de kiosco y confitería que funcionan en el actual parador de transporte de larga distancia, ubicado junto a la estación ferroviaria.
De allí parece deducirse que, además de construir la terminal, la concesionaria del casino pretende explotarla a futuro, lo cual fue rechazado en forma expresa por varios concejales.
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