Para evitar un mayor revuelo político después de la forzada renuncia del canciller Jorge Taiana, el Gobierno hizo saber ayer que le permitirá al ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous concurrir al Congreso pasado mañana. Allí deberá declarar en la investigación por las supuestas irregularidades comerciales con Venezuela.

Pero después de analizar los costos políticos que implicaría prohibir la concurrencia del diplomático, la Casa Rosada decidió ejercer una fuerte presión contra Sadous. Héctor Timerman, que asumirá mañana en reemplazo de Taiana, marcó los condicionamientos que le impondrá al diplomático: dijo que Sadous podría cometer un "delito" si revelara información confidencial.

Timerman, ex periodista y hasta hoy embajador en Estados Unidos, habló del caso Sadous en una entrevista con el diario Página 12 publicada ayer. Sostuvo que como canciller evitará "que se revelen secretos confidenciales" (durante la exposición de Sadous) y que "el Congreso transforme en un escándalo político algo que no lo es".

Ayer, durante el acto por el Día de la Bandera en Rosario, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, dijeron a La Nacion que Sadous podría ir al Congreso cuando quisiera y que la Casa Rosada no pondrá impedimentos.

"Lo estamos esperando. No hay problema. Estamos preparados para que venga", dijo Rossi a poco de terminar la ceremonia que compartió con la Presidenta en el Monumento a la Bandera. "Puede ir. Nosotros no lo presionamos", agregó Randazzo.

En la Cámara de Diputados también se daba por hecho anoche que Sadous se presentará pasado mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores. "Por más que el Gobierno lo condicione, nosotros vamos a hacerle todas las preguntas que consideremos necesarias", afirmó un miembro de esa comisión a La Nacion.

La presencia del ex embajador en Venezuela en el Congreso para ampliar su denuncia sobre las comisiones del 15 por ciento que habrían tenido que pagar muchas empresas argentinas para poder exportar a Venezuela, que hizo ante el juzgado del juez federal Julián Ercolini, fue uno de los puntos de conflicto entre Cristina Kirchner y Taiana. Si bien en el Gobierno sostienen que Sadous no necesita una autorización especial para ir al Congreso, adonde había sido citado la semana pasada y faltó, el ex canciller, el día antes de renunciar, habilitó su presencia en el Parlamento, lo que provocó una dura reacción de Cristina Kirchner.

Además, a eso se sumó un contacto de Taiana con periodistas, el jueves pasado, que fue reprochado por la Presidenta en el diálogo telefónico que ambos mantuvieron el viernes por la mañana y que terminó con la renuncia del entonces canciller.

Ayer Timerman dijo que se comunicaría con Sadous para que no revelara información secreta. "Estoy convencido de que sabe, como profesional que es, que por ley los embajadores no pueden revelar información confidencial. En caso de hacerlo, estaría cometiendo un delito", avanzó Timerman con sus condicionamientos.

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Además, advirtió que se encargaría personalmente de "evitar que se revelen secretos confidenciales". Y apuntó contra la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, cuerpo para el que está citado Sadous. "Como canciller voy a evitar que el Congreso transforme en un escándalo político algo que no lo es", sostuvo el designado ministro. Ayer, LA NACION intentó comunicarse con Timerman, pero no atendió las reiteradas llamadas. Tampoco respondió Sadous.

El Gobierno interpretó en las últimas horas que emitir una orden por escrito para revocar la autorización de Taiana tendría un alto costo político y dejaría vía libre a la oposición para cuestionar al Poder Ejecutivo.

Preguntas

Anoche, una calificada fuente parlamentaria confirmó a LA NACION que Sadous se presentará en la Comisión de Relaciones Exteriores pasado mañana, a las 10, tal como estaba previsto, y sostuvo que la oposición le hará todas las preguntas que crea necesarias.

Sadous declaró en la Justicia hace dos meses que cuando era embajador en Venezuela los empresarios argentinos que querían exportar debían pagar comisiones del 15 por ciento que gestionaba el Ministerio de Planificación, dirigido por Julio De Vido. Además, el diplomático, que sigue siendo funcionario de la Cancillería, denunció que existía una "diplomacia paralela".

Con las advertencias de Timerman, la Casa Rosada presiona para que Sadous desista de asistir al Parlamento, aunque la estrategia no será el impedimento explícito para evitar un nuevo escándalo tras la tumultuosa salida de Taiana después de su fuerte discusión con la Presidenta.

De hecho, ayer en Rosario eran varios los ministros y funcionarios que advertían que el ex canciller asistirá mañana al Salón Blanco de la Casa Rosada para la ceremonia de asunción de su sucesor, prevista para las 11.30, como una forma de poner paños fríos a la delicada relación con la que terminó con el matrimonio Kirchner a partir de su alejamiento.

Esta estrategia se suma a la primera jugada opositora de citar a Taiana para que explique las "diferencias y falta de apoyo" que denunció en su renuncia, que le presentó a la Presidenta el viernes pasado.

Ayer, durante el acto en Rosario, los funcionarios de Cristina Kirchner evitaron hablar de la salida del ahora ex canciller y adujeron que había sido producto del "cansancio" por los cinco años al frente de la Cancillería.

De todos modos, cada uno de los ministros se cuidó de hablar del tema ante los medios después del duro reproche que le hizo la jefa del Estado a su entonces ministro de Relaciones Exteriores.

CLAVES

* Citación : el ex embajador en Venezuela Eduardo Sadous deberá exponer pasado mañana en la Cámara de Diputados por sus denuncias sobre las comisiones en las exportaciones a Caracas.

* Presión : con escaso margen para prohibirle que asista tras la repentina renuncia de Jorge Taiana, Héctor Timerman condicionó ayer al ex embajador para que no revele información secreta.

* Costo político : para evitar que crezca la polémica, el Gobierno dejó entrever ayer que habilitaría a Sadous a concurrir al Congreso para no tener que emitir una orden por escrito que se lo prohíba.