El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) aclaró que “nada tiene que ver con el error que cometieron desde Liquidaciones de la Provincia, de descontarles a los docentes privados el 6%” de su salario.
En un documento difundido a los medios –firmado por la secretaria general, Marta Ciarrocca, y el secretario adjunto Jorge Broggi– Sadop opinó además que el descuento “no es casual, es parte de una campaña mal intencionada que se fue gestando a través de algunos personajes que hoy aparecen como ‘grandes defensores de la salud de los docentes privados’, pero que en realidad son enemigos del Sadop y siempre se manifiestan en contra cada vez que el Sindicato logra un mejoramiento para el sector de la docencia privada”.
Se resaltó luego que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima intérprete de la Constitución Nacional, tiene que ver con un reclamo iniciado por la Osdop desde que se transfirieron a las provincias las escuelas y colegios privados que reciben aportes del estado para la paga de los salarios, cuando se les negó a los trabajadores docentes del sector privado que representa Sadop, la posibilidad de poder gozar de sus beneficios para la atención de la Salud”.
En tanto, manifestó la intención de “llevar tranquilidad a todos los docentes” nucleados en Sadop y beneficiarios de Osdop, asegurándoles “que la obra social no tiene período de carencia y que una vez que el Iosper les deje de prestar servicios, podrán gozar de inmediato de todos los beneficios de la Osdop en la atención de la salud, tal como se había acordado con la conducción anterior del Instituto Provincial, cuando se les notificó del fallo de la Corte Suprema”.
Aclaró también que “nunca fue el espíritu de estas conducciones traer malestar e incertidumbre a sus beneficiarios, sino todo lo contrario, y que el traspaso se había acordado con el Gobierno y el Iosper, en el cumplimiento del fallo, que debía realizarse sin ninguna clase de traumatismo y con la mayor prolijidad”.
Finalmente, Sadop y Osdop advirtieron que “de comprobarse algún perjuicio económico al sindicato o a la obra social, será responsabilidad absoluta de las escuelas y colegios privados, que no cumplan con el fallo de la Corte Suprema de la Nación”.
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