Con el objetivo de disminuir el el número de víctimas por accidentes de tránsito, el Gobierno porteño decidió impulsar un proyecto para reducir la velocidad máxima de los camiones, colectivos y micros escolares a 40 kilómetros por hora.¿Es posible ir más rápido en la Ciudad?.
El Poder Ejecutivo promoverá un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que se baje a 40 kilómetros por hora la velocidad máxima con la que podrán circular camiones, colectivos y micros escolares dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Debido a los casos recientes de accidentes protagonizados por colectivos en las calles porteñas, el Gobierno de la Ciudad estudia la posibilidad de una ley para regular la velocidad máxima con la que pueden transitar.
El proyecto es una modificación de la Ley 2148 donde quedarían fijados los límite en calles y avenidas a 40 km/h no sólo para el transporte público sino también para micros escolares y camiones que transporten desde 12 toneladas en adelante.
Además, la máxima en los pasajes de la Ciudad será de 20 km/h, mientras que en las vías rápidas será de 80 km/h (esto afecta, por ejemplo, a la Avenida Lugones). La medida afectaría también a los carriles exclusivos y contracarriles.
Por ahora, el proyecto ya encontró detractores en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), donde no apoyaron la lógica de a menor velocidad, menos accidentes porque "va a provocar un efecto negativo sobre el tránsito" que acabará por alargar los tiempos en los recorridos de los colectivos.
Junto con la modificación del máximo de velocidad para transporte público y de carga, el Gobierno de la Ciudad prevé poner en funciones a 300 efectivos para el control de la nueva norma.
El conductor que no respete la nueva disposición podría perder su licencia si supera un 10% la máxima permitida (44 km/h), o se le restarán puntos del scoring dependiendo de cuánto supere la marca: 5 si transita a 10 o 20 km/h más, y 10 si se pasa más de 20 km/h.
Por otro lado, la ley estipularía multas para las empresas de colectivos de hasta 10 mil unidades fijas (o 12 mil pesos teniendo en cuenta las ganancias anuales) para las compañías que se nieguen a identificar a los choferes infractores.
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